¿Adiós a FEMA? El polémico plan de Trump para eliminar la agencia y sus riesgos para EE.UU.
Donald Trump propone desmantelar la agencia federal de manejo de emergencias, dejando a los estados frente a desastres crecientes por el cambio climático. ¿Qué implicaciones reales tendría?
Una visión radical desde la Casa Blanca
Durante una aparición en la Oficina Oval, el expresidente Donald Trump anunció su intención de eliminar progresivamente la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) después de la temporada de huracanes de 2025. Con una retórica directa, Trump afirmó que desea “quitar dependencia de FEMA” y “pasar esa responsabilidad a los estados”.
Esta propuesta ha generado alarma entre expertos en desastres, exfuncionarios de FEMA y líderes estatales, quienes advierten que podría provocar una crisis de respuesta ante catástrofes en un entorno donde los eventos extremos vinculados al cambio climático aumentan en frecuencia e intensidad.
FEMA: un pilar en la gestión de desastres
Fundada en 1979, FEMA tiene la misión de coordinar la asistencia federal en casos de desastres naturales y situaciones de emergencia. Su presupuesto para 2024 fue de más de 30 mil millones de dólares. Entre sus funciones destaca:
- Coordinar recursos entre distintos niveles de gobierno.
- Proveer asistencia directa a personas afectadas.
- Financiar la reparación de infraestructura pública.
- Promover medidas de mitigación de riesgos a largo plazo.
La agencia no actúa sola: su rol es en gran parte apoyar a estados y municipios, pero siempre ha representado un colchón clave ante emergencias de gran escala.
¿Qué propone Trump exactamente?
Aunque no existe aún un plan detallado, Trump ha sugerido reducir el presupuesto de FEMA o eliminarlo, desviando fondos directamente desde la oficina presidencial o el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Para justificar su propuesta, Trump declaró:
“El gobernador debería ser capaz de manejarlo y, si no puede, entonces quizás no debería ser gobernador.”
Y añadió que confía en una mayor colaboración entre estados para sustituir la falta de intervención federal.
La burocracia detrás de una reforma
Modificar o eliminar FEMA implicaría cambios legales profundos, incluidos al Stafford Act, la ley de 1988 que enumera las responsabilidades de la agencia. Cualquier alteración en esta ley requiere la aprobación del Congreso, lo cual no es sencillo, considerando que FEMA ha mantenido respaldo bipartidista durante décadas.
Para Michael Coen, exjefe de Gabinete de FEMA durante las administraciones de Obama y Biden, la propuesta “muestra un preocupante desconocimiento sobre la escala de operaciones de la agencia”.
Las consecuencias económicas para los estados
Según un análisis del Urban Institute, aumentar el umbral económico necesario para declarar desastres mayores desde 2008 habría trasladado 41 mil millones de dólares de responsabilidad financiera a gobiernos locales y estatales.
La experta en resiliencia urbana Sara McTarnaghan advierte:
“Las alternativas para los estados serían aceptar recuperaciones menos completas o recortar otros servicios sociales para cubrir los costos de emergencia.”
Además, muchos estados no tienen los recursos fiscales suficientes. Por ejemplo, estados con alta exposición a desastres como los del Golfo de México enfrentan inseguridad financiera estructural, lo que podría dejarlos vulnerables ante catástrofes cada vez más graves.
El contexto climático: huracanes, incendios y más
La temporada de huracanes 2025 comienza con previsiones poco alentadoras. En 2023, Estados Unidos sufrió 28 eventos climáticos con pérdidas individuales que superaron los mil millones de dólares, según NOAA.
¿Dejar esta carga a los estados? Para los observadores, suena irrealista. FEMA ha respondido a:
- El huracán Katrina (2005): más de 1,800 muertos.
- Los incendios de California: decenas de miles de viviendas destruidas.
- El huracán Maria, especial en Puerto Rico: donde FEMA repartió más de 6 mil millones de dólares.
La ausencia de una respuesta federal sólida habría significado daños mucho mayores, más pérdidas humanas y económicas.
¿Pueden los estados asumir el control total?
Trump ha sugerido fortalecer el llamado Emergency Management Assistance Compact (EMAC), un acuerdo entre estados para prestarse ayuda mutua. Pero sus costes operativos son habitualmente cubiertos por el gobierno federal.
Para Coen, esto muestra una desconexión preocupante:
“La confusión no es sobre si los estados pueden hablar entre sí, sino sobre lo que pueden esperar realmente del gobierno federal.”
FEMA, además, no solo coordina, sino que moviliza rápidamente recursos necesarios que ningún estado individual podría generar: tropas, equipamiento, alimentos, refugios, asistencia médica.
Ya hay cambios en la agencia
Como parte de la transformación planificada, FEMA ya ha comenzado a alterar sus operaciones:
- Se eliminó el programa de visitas casa por casa para inscribir a sobrevivientes.
- Más de 2,000 empleados han abandonado la agencia desde enero de 2025.
- La administración Trump ha tardado hasta 8 semanas en declarar nuevos desastres, mucho más que los plazos habituales.
- No ha aprobado ayudas de mitigación desde febrero de 2025.
Un análisis hecho por expertos del Bipartisan Policy Center señala que reducir FEMA sin alternativas viables ralentizará la recuperación de desastres y aumentará los efectos económicos de cada evento.
¿Reforma o eliminación total?
La actual secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha dejado clara la intención de cambio radical: “No vamos a hacer pequeños ajustes aquí. FEMA ya no debería existir como lo conocemos”.
Junto con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, Noem preside un consejo de revisión que presentará sugerencias próximamente sobre cómo transformar la agencia.
La reunión inicial del consejo incluyó representantes de estados republicanos y gestores de emergencias, pero no hubo voces demócratas ni independientes, lo cual ha sido criticado por sectores técnicos como una politización peligrosa del sistema de protección ciudadana.
Lo que está en juego
Más allá de debates ideológicos, lo que está en juego es la capacidad de responder eficazmente ante un desastre. Cuando ocurre un huracán, un terremoto o un incendio forestal, las víctimas no tienen tiempo de preguntar si la respuesta viene del estado o del gobierno federal: necesitan ayuda inmediata.
Si se deja sola a cada jurisdicción, los resultados serán desiguales. Estados ricos podrán responder. Estados como Mississippi, Alabama o Nuevo México, con bajos ingresos medios, podrían verse superados.
Como bien lo resumió el experto en emergencias Craig Fugate, quien dirigió FEMA entre 2009 y 2017:
“El papel del gobierno federal no es reemplazar a los estados, sino asegurarse de que ningún gobierno local se enfrente solo al desastre del siglo.”
La pregunta, entonces, no es si FEMA es perfecta. Sino si el país puede darse el lujo de prescindir de ella cuando los riesgos aumentan año tras año.