Ejecuciones, represión y desobediencia civil: Irán entre la lucha por los derechos y la opresión estatal

La llama que nunca se apagó: el caso Mahsa Amini

El 16 de septiembre de 2022 cambió el curso de la historia contemporánea de Irán. Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años, fue detenida por la llamada “policía de la moral” por supuestamente no usar correctamente el hiyab, el velo obligatorio para las mujeres. Horas más tarde, moría bajo custodia policial. Las autoridades afirmaron que había sufrido un paro cardíaco, pero testigos y familiares señalaron signos claros de tortura.

Su muerte se convirtió en símbolo de una nación harta de represión, y desató protestas masivas bajo el lema “Mujer, Vida, Libertad”. Siguieron meses de movilizaciones en todas las provincias del país y en la diáspora iraní alrededor del mundo. Las mujeres comenzaron a quitarse el hiyab en espacios públicos, un acto de rebeldía simple pero potente en el contexto de una teocracia islámica que lo impone por ley.

El caso de Abbas Kourkouri: ¿justicia o ajuste de cuentas?

En este contexto, la ejecución el 3 de julio de 2024 de Abbas Kourkouri marca un punto clave en la narrativa de conflicto entre la sociedad civil iraní y el Estado.

Kourkouri, también conocido como Mojahed Kourkouri, fue acusado de haber participado en un ataque armado el 16 de noviembre de 2022 en Izeh, provincia de Juzestán. Ese día, dos motociclistas dispararon contra un grupo de manifestantes y fuerzas de seguridad. Siete personas murieron, incluida un niño de 9 años llamado Kian Pirfalak, cuya muerte provocó una ola de indignación entre la población.

¿Terrorista o chivo expiatorio?

El gobierno iraní aseguró que Kourkouri fue uno de los atacantes. Fue arrestado en diciembre de 2022, tras haber recibido un disparo en la pierna. Desde el principio, las organizaciones de derechos humanos denunciaron múltiples irregularidades en su caso:

• No tuvo acceso a un abogado de su elección.
• Fue recluido en régimen de aislamiento.
• Fue coaccionado a confesar bajo tortura.

La organización Iran Human Rights, con sede en Oslo, cuestionó abiertamente la validez del proceso judicial. Su director, Mahmood Amiry-Moghaddam, declaró que Kourkouri “fue ejecutado sin un juicio justo”.

Incluso la familia de la víctima infantil, Kian Pirfalak, habría señalado a las fuerzas de seguridad como las responsables reales del tiroteo. La madre del niño, en declaraciones citadas por la agencia Human Rights Activists News Agency (HRANA), dijo: “De regreso a casa, los oficiales dispararon a nuestro coche”.

Una práctica sistemática: confesiones forzadas y ejecuciones públicas

La televisión estatal iraní difundió videos en los que Kourkouri aparece confesando desde una cama hospitalaria, visiblemente herido. Estas imágenes recuerdan otros casos donde detenidos han sido obligados a admitir crímenes bajo presiones físicas y psicológicas.

Kourkouri es la undécima persona ejecutada en relación a las protestas por Mahsa Amini. En todos estos casos, las confesiones han sido cuestionadas por organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Por ejemplo, Reza Resaei, ejecutado en agosto de 2023, también había sido acusado sin pruebas concluyentes sobre el asesinato de un agente de seguridad.

Una cultura judicial basada en el "moharebeh"

Irán tiene uno de los índices de ejecuciones más altos del mundo. Según Amnistía Internacional, en 2023 Irán ejecutó a al menos 853 personas, lo que supone un aumento del 48 % respecto al año anterior (fuente).

Muchos de estos casos están amparados bajo cargos como "moharebeh" (guerra contra Dios) o “ifsad fi al-ard” (corrupción en la Tierra), figuras jurídicas vagas que se prestan a interpretaciones amplias y, muchas veces, arbitrarias. Estas acusaciones permiten al Estado eliminar a disidentes políticos o civiles incómodos.

Resistencia desde las aceras: la desobediencia de las iraníes

Mientras el aparato judicial y político intenta sofocar el movimiento con ejecuciones y detenciones, la protesta silenciosa continúa en las calles. En las ciudades de Irán, es cada vez más frecuente ver a mujeres sin velo en la vía pública, un gesto de insubordinación que sigue inspirando a millones.

Lo más notable es que pese al miedo, las mujeres se niegan a retroceder. Están dispuestas a enfrentar multas, arrestos e interrogatorios. Por su parte, el gobierno ha intensificado la represión usando cámaras de vigilancia, drones e incluso cerrando negocios que no impongan el uso del hiyab a sus clientas.

Un líder nuevo, una estructura vieja

En julio de 2024, Irán eligió un nuevo presidente: Masoud Pezeshkian, un político reformista que prometió “moderar” la actuación de la policía de la moral. Sin embargo, en la República Islámica, el presidente solo tiene un poder limitado.

El verdadero control lo mantiene el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, de 86 años, quien ha declarado: “El no usar el hiyab está prohibido tanto religiosa como políticamente”. Mientras Khamenei se mantenga en el poder, es poco probable que haya reformas sustanciales.

Contexto geopolítico: ¿por qué ahora?

La ejecución de Kourkouri también tiene implicaciones geopolíticas. Llega en un momento en que Irán atraviesa tensiones internacionales crecientes:

• El programa nuclear iraní ha avanzado sin muchos controles.
• Las conversaciones con Estados Unidos están estancadas.
• La región sufre las secuelas de guerras y conflictos por influencia.

Una posible hipótesis es que el régimen iraní use este tipo de ejecuciones como demostraciones de fuerza y control interno, tanto para reafirmar su autoridad como para enviar mensajes a futuros manifestantes.

¿Un país al borde de una nueva rebelión?

La ejecución de Abbas Kourkouri añade un capítulo oscuro a una historia en la que los mártires civiles siguen aumentando. Pero también deja claro que la represión no ha logrado eliminar el impulso social de cambio. A casi dos años del movimiento por Mahsa Amini, las brasas siguen vivas.

Lo que ocurre en Irán no es una historia lejana: es un reflejo de cómo la lucha por la dignidad y los derechos humanos resiste incluso en los regímenes más autoritarios. Y es también un recordatorio de que el silencio frente a las injusticias permite que estas se multipliquen.