Petro vs. Congreso: el pulso político por la reforma laboral en Colombia

Por años, la reforma laboral en Colombia ha sido objetivo de debate agudo, pero en 2025 el conflicto alcanzó un nuevo nivel: el presidente Gustavo Petro ha decidido convocar directamente al pueblo para decidir sobre una transformación estructural del sistema laboral del país.

¿Qué está en juego?

El próximo referendo que se celebrará en agosto podría marcar un antes y un después en la historia política de Colombia. El decreto que firmó Petro el miércoles 11 de junio llama a los ciudadanos a votar sobre una serie de cambios que modifican de raíz la dinámica laboral colombiana:

• Límite de la jornada laboral a 8 horas diarias.
• Pago doble por trabajar en días festivos.
• Fin de la jornada laboral diurna a las 6 p.m.
• Obligatoriedad de contratos a término indefinido para garantizar estabilidad laboral.

Estas propuestas, contenidas en un referendo de 12 preguntas, fueron rechazadas por el Congreso en dos ocasiones, la más reciente en marzo. Ante la negativa, Petro recurrió al artículo 377 de la Constitución, que permite al presidente convocar directamente a un plebiscito si considera que se frustra una reforma de tipo social o laboral por vías institucionales.

Congreso vs. Ejecutivo: antagonismo férreo

Desde que Gustavo Petro llegó al poder en 2022 como el primer presidente de izquierda en la historia del país, las relaciones con el Congreso han sido tensas. Gran parte del Congreso colombiano está compuesto por partidos de centro y derecha que han mantenido una postura crítica hacia las reformas sociales del presidente.

El rechazo al referendo con una votación de 49-47 en el Senado desató la furia del mandatario, quien calificó el resultado como “fraudulento” y acusó a los legisladores de actuar contra el pueblo trabajador.

“No podemos permitir que una minoría en el Congreso sabotee las reformas que el pueblo exige. Ha llegado la hora de la movilización social”, señaló Petro en un acto público en Cali.

El contexto del referendo: violencia y tensión

La escena política colombiana se ha visto sacudida recientemente por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, un abierto opositor al gobierno y precandidato presidencial, quien recibió varios disparos durante un mitin en Bogotá. Aunque permanece en estado crítico, las motivaciones del ataque siguen siendo inciertas. ¿Fue un atentado político? ¿Una acción para desestabilizar al gobierno? ¿O una represalia de grupos armados ilegales?

La Fiscalía y la Policía han abierto investigaciones en distintas direcciones, mientras el país revive el temor de la violencia política de décadas anteriores. El ataque ha intensificado la polarización, con acusaciones cruzadas entre el gobierno y la oposición.

Petro y la estrategia de confrontación

Lejos de buscar consensos, Petro ha apostado por una estrategia de confrontación directa con el legislativo. Esta no es la primera vez que amenaza con acudir a la movilización popular. En 2023 y 2024, sus reformas a la salud y las pensiones también se enfrentaron con bloqueos institucionales, lo que llevó al presidente a aplicar decretos ejecutivos y convocar manifestaciones masivas.

El uso del referendo como herramienta de reforma se remonta a épocas anteriores, pero pocas veces en la historia de Colombia ha sido utilizado para reconfigurar las relaciones laborales. Solo en 1957, con el plebiscito que dio paso al Frente Nacional, se usó una figura semejante para introducir cambios estructurales a tal escala. Hoy, Petro repite la fórmula con otro matiz: busca consolidar una agenda transformadora desde abajo.

¿Populismo o justicia social?

Uno de los puntos más debatidos en la opinión pública gira en torno al carácter de la convocatoria. Mientras sectores afines al gobierno aplauden la iniciativa como una forma directa de gobernanza popular –usando los mecanismos participativos que permite la Constitución–, la oposición no duda en etiquetar la maniobra como un acto de populismo desmedido.

Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín y posible candidato presidencial en 2026, fue tajante en redes sociales:

“Lo de Petro es un asalto a la institucionalidad. No puede gobernar por decreto ni someter al pueblo a decisiones claves sin un debate técnico y legislativo serio”.

Por su parte, la expresidenta del Congreso, Angélica Lozano, aseguró que la agenda laboral debe pasar por un consenso técnico que equilibre las condiciones de los trabajadores sin poner en riesgo la productividad.

Perspectiva histórica: ¿se repite el pasado?

La historia colombiana tiene numerosos ejemplos de enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo. En los años 90, durante el mandato de Ernesto Samper, las tensiones llegaron a un punto crítico tras los escándalos de financiamiento del narcotráfico. Más recientemente, Álvaro Uribe en 2006 usó un referéndum para avalar su reelección, aunque fracasó en su intento de lograr una segunda renovación.

Petro, sin embargo, se mueve en otro terreno: el de las reformas estructurales. Ha hecho del “cambio” su consigna principal. Las reformas laboral, tributaria, del sistema de salud y del agro forman parte de lo que llama la “reforma para la vida”. Pero ese mismo ímpetu enfrenta resistencias poderosas que lo acusan de querer instaurar una figura semi-autocrática con control total del Estado.

La revisión constitucional y los desafíos legales

Para blindarse jurídicamente, el gobierno decidió enviar el decreto a la Corte Constitucional, que deberá verificar si el mecanismo empleado se ajusta a lo estipulado por la ley. Al mismo tiempo, el Consejo de Estado recibió una demanda para anular la votación del Senado que rechazó el referendo, lo que añade capas de incertidumbre sobre la viabilidad jurídica del proceso.

Si la Corte aprueba la convocatoria, Colombia entrará en un proceso de agitación política sin precedentes desde el plebiscito de 2016 con los acuerdos de paz entre el Estado y las FARC, que terminó siendo rechazado por una diferencia mínima de votos.

La movilización ciudadana: ¿factor decisivo?

Petro ha llamado abiertamente a sus seguidores a movilizarse en todo el país para defender la reforma. Las marchas organizadas por sindicatos, movimientos sociales y juventudes afines ya comenzaron en ciudades como Cali, Medellín y Cartagena.

El presidente parece confiar más en las calles que en las curules. Su estrategia se basa en una “ciudadanización de la política”, que según sus palabras, devuelve el poder a las mayorías que históricamente han sido excluidas del debate público.

Pero el riesgo permanece: una votación puede ser fuente de legitimación, pero también de polarización. Si gana por escaso margen o en medio de acusaciones de manipulación, una eventual victoria podría quedar empañada.

¿Y los empresarios?

El empresariado colombiano ha mantenido una postura de inquietud ante la radicalidad de algunos de los puntos del referendo. La Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) se han pronunciado acerca de los posibles impactos que estas medidas tendrían sobre la productividad y el empleo:

“Reducción horaria y sobreremuneración en días festivos podrían incrementar los costos laborales un 30%, afectando a la pequeña y mediana empresa”, advirtió Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.

También hay preocupación sobre los contratos indefinidos, al considerar que, si no van acompañados de estímulos a la formalización, podrían incentivar la informalidad.

El referendo, una nueva etapa política

Mientras Colombia se prepara para decidir en las urnas, la historia política del país gira hacia un nuevo capítulo. ¿Será este el momento en que la ciudadanía asuma el rol central en la transformación laboral? ¿O será una nueva ocasión para profundizar la división y desconfianza institucional?

Las próximas semanas serán clave, con audiencias constitucionales, protestas, campañas mediáticas y una participación ciudadana que servirá como termómetro de una democracia en movimiento. Gustavo Petro no solo se juega su legado, sino la capacidad de redefinir las reglas del juego político y económico de una nación acostumbrada a los cambios abruptos, pero resistida al consenso.