Rusia intensifica su represión política: Juicios, arrestos y censura en la era post-Navalny
El Kremlin refuerza su cruzada contra la disidencia con sentencias emblemáticas, persecución judicial y una narrativa que criminaliza la oposición
Un Estado contra sus críticos: La maquinaria represiva del Kremlin
Rusia ha intensificado su represión contra figuras opositoras con nuevas condenas y detenciones que reflejan el endurecimiento autoritario del régimen de Vladimir Putin. La reciente sentencia a Leonid Volkov, excolaborador de Alexei Navalny, y el arresto domiciliario de Lev Shlosberg, veterano del partido opositor Yabloko, evidencian cómo el aparato judicial ruso es utilizado para silenciar voces disidentes.
Estas acciones no son aisladas. Desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, Rusia ha lanzado una ofensiva legal y mediática contra cualquier forma de disidencia política, social y cultural. Analizamos el impacto de este clima represivo, su historia reciente y lo que representa en el contexto geopolítico actual.
Leonid Volkov: Condenado en ausencia por 18 años
El Segundo Tribunal Militar del Distrito Occidental de Moscú condenó a Volkov en ausencia a 18 años de prisión por más de 40 cargos, entre ellos:
- Justificación del terrorismo
- Organización de un grupo extremista
- Rehabilitación del nazismo
- Creación de ONG que infringen derechos de los ciudadanos
Además de la sentencia de prisión, se le impuso una multa de 2 millones de rublos (cerca de $25,000 USD) y se le prohibió el uso de internet durante una década.
Volkov, quien vive en el exilio desde hace años, ironizó la sentencia en redes sociales: “¡Oh no! Me han prohibido usar internet por 10 años… justo cuando ya lo estoy usando. Maldición, ¿qué voy a hacer ahora?”
Volkov fue el coordinador de las oficinas regionales de Navalny hasta su disolución y lideró la Fundación Anticorrupción entre 2021 y 2023. Su nombre figura en la lista estatal de “terroristas y extremistas” desde hace más de dos años.
Lev Shlosberg bajo arresto domiciliario: el pacifismo como delito
En Pskov, cerca de la frontera occidental de Rusia, el conocido político liberal Lev Shlosberg fue imputado por “desacreditar al ejército ruso” tras supuestamente compartir un video en redes sociales en el que se pedía un alto al fuego en la guerra contra Ucrania. Aunque niega haber publicado el contenido, fue puesto bajo arresto domiciliario por dos meses.
Shlosberg, quien ha detenido una trayectoria opositora coherente y pacifista, ya había sido etiquetado como “agente extranjero”, un estigma legal heredado del estalinismo, con implicaciones políticas y sociales devastadoras.
La narrativa de un Estado contra sus ciudadanos
Desde la invasión rusa a Ucrania, el Kremlin ha estrechado el cerco sobre medios independientes, ONGs, comunidades LGTBQ+ e incluso grupos religiosos. Las leyes adoptadas en 2022 y 2023 permiten:
- El enjuiciamiento por “desacreditar al ejército” con penas de hasta 15 años
- El cierre sin apelación de medios
- La criminalización de la colaboración con organizaciones extranjeras
- Clasificar a personas como “agentes extranjeros” tras la mera recepción de fondos del exterior
Según OVD-Info, organización independiente de derechos humanos, más de 20,000 personas han sido arrestadas desde 2022 por razones vinculadas a protestas o críticas al gobierno.
El fenómeno Navalny y sus herederos
La figura de Alexei Navalny fue durante más de una década el centro de la oposición en Rusia. Fundador de la Fundación Anticorrupción y artífice de campañas que destaparon los entramados de corrupción del poder, fue envenenado con Novichok en 2020 y encarcelado a su retorno en 2021.
Volkov, como su mano derecha, tomó el liderazgo de la fundación e impulsó estrategias desde el exilio para seguir denunciando al régimen ruso. Su condena actual busca decapitar cualquier posible reagrupación opositora en la era posterior a Navalny, quien actualmente cumple condena en una cárcel de máxima seguridad.
Una justicia al servicio de la represión
Los tribunales rusos, particularmente los militares o aquellos encargados de casos vinculados al “terrorismo”, han sido instrumentalizados por el Kremlin. Entre 2019 y 2023, más del 99.8% de las causas penales acabaron en condenas, según datos del poder judicial ruso.
“Los abogados defensores no tienen acceso completo a la evidencia. Las audiencias son a menudo a puerta cerrada y los jueces responden más al FSB que a la Constitución” — Tatiana Glushkova, abogada de derechos humanos.
Incluso el humor o el arte crítico puede ser considerado “extremismo”. Desde 2022, casos como el del caricaturista Artem Loskutov o la poeta Sasha Skochilenko han ocupado titulares por ser procesados bajo cargos inverosímiles.
Comparaciones históricas: Del estalinismo al putinismo
Expertos en historia contemporánea rusa consideran la situación actual un “neoesovietismo” que recuerda las purgas políticas de la época de Stalin y las campañas contra los “enemigos del pueblo”. El lenguaje utilizado por los fiscales y medios afines al Kremlin se centra en:
- “Traición a la patria”
- “Colaboración con potencias extranjeras”
- “Terrorismo ideológico”
En palabras del historiador Mark Galeotti:
“Putin no ha restaurado la Unión Soviética formalmente, pero sí su aparato de control ideológico e institucional. La diferencia es que ahora lo hace con tecnología del siglo XXI”.
¿Y Occidente? Un silencio que preocupa
Si bien organismos como Human Rights Watch y Freedom House han condenado las recientes sentencias, las respuestas diplomáticas de gobiernos occidentales siguen siendo limitadas. Las sanciones individuales o las declaraciones formales no han detenido la oleada represiva rusa.
El uso del término “terrorista” para etiquetar a movimientos opositores como la Fundación Anticorrupción impide incluso que algunas empresas tecnológicas colaboren con ellos por temor a represalias legales o vetos en Rusia.
¿Qué futuro espera a la oposición rusa?
Con los principales líderes encarcelados o exiliados, y sin posibilidad de manifestación pública o electoral efectiva, muchos se preguntan si la oposición tiene futuro. Sin embargo, movimientos desde el exilio, especialmente en países bálticos y Alemania, continúan activos en redes y plataformas alternativas.
La juventud rusa, altamente conectada e informada pese a la censura, podría ser la próxima generación de cambio. En palabras del sociólogo Grigory Yudin:
“Putin podrá encarcelar a Volkov o silenciar a Shlosberg, pero no puede encerrar el deseo de justicia de una nación entera.”
El papel del ciudadano común
Más allá de las figuras públicas, miles de personas anónimas han sido detenidas por hacer comentarios en redes, llevar pancartas en solitario o simplemente portar símbolos como un lazo blanco o un cartel en blanco. Bajo las nuevas regulaciones, incluso el silencio puede constituir protesta.
La sociedad civil rusa vive una guerra de desgaste constante, donde el miedo y el aislamiento son las armas principales del Estado. Sin embargo, cada acto de resistencia —desde una publicación hasta un juicio abierto— se convierte en un símbolo de esperanza.
Una advertencia al mundo
La historia de Volkov y Shlosberg no es sólo una historia rusa. Es una alerta para todo el planeta sobre cómo puede derrumbarse una democracia en manos de un poder omnímodo. La represión no se construye en un día, pero se alimenta del silencio internacional, del olvido colectivo y de la resignación individual.