Silencio bajo vigilancia: La ola autoritaria de Bukele y la erosión democrática en El Salvador

El auge del autoritarismo bajo una máscara democrática

Los recientes acontecimientos en El Salvador han puesto al país centroamericano en el centro del debate mundial sobre el deterioro de la democracia en la región. La detención del constitucionalista Enrique Anaya, un férreo crítico del presidente Nayib Bukele, no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de represión sistemática y criminalización de la disidencia.

Bajo el pretexto de una prolongada “guerra contra las pandillas”, el gobierno de Bukele no sólo ha encarcelado a más de 87,000 personas –según cifras oficiales– sino que también ha utilizado el régimen de excepción como herramienta para perseguir a opositores, periodistas y organizaciones de derechos humanos.

Detenciones políticas enmascaradas

Enrique Anaya, experto en derecho constitucional con más de 30 años de experiencia, fue arrestado sin orden judicial y con acusaciones ambiguas de lavado de dinero. La comunidad legal y defensores de derechos humanos consideran que su verdadera “falta” ha sido la de denunciar públicamente las medidas inconstitucionales de Bukele y su reelección, algo que contradice la Carta Magna salvadoreña. Ni él ni su abogado, Jaime Quintanilla, han recibido notificación clara de los cargos en su contra.

Semanas antes de su arresto, Anaya había defendido en televisión a otra víctima de este proceso: la abogada Ruth López, también arrestada por motivos políticos, quien gritó desafiante: “¡No me van a callar! ¡Exijo un juicio público!”

Una justicia sin rostro en un estado de excepción permanente

El régimen de excepción –prolongado desde marzo de 2022 en múltiples ocasiones– suspende derechos básicos como la libertad de reunión, el secreto de las comunicaciones y la asistencia jurídica inmediata. Esto ha permitido arrestos arbitrarios y procesos judiciales plagados de irregularidades.

Quintanilla asegura que muchos de sus colegas están aterrorizados y evitan defender a figuras públicas por temor a represalias. “Los están encarcelando como parte de una vendetta. Ahora cualquiera puede ser el próximo”, afirmó.

Bukele: popularidad versus derechos humanos

Con una imagen cuidadosamente construida en redes sociales y una narrativa de mano dura contra el crimen, Bukele goza de tasas de aprobación que superan el 80% según diversas encuestas. En su discurso anual más reciente, espetó sin rodeos: “No me importa que me llamen dictador. Es mejor a que maten a salvadoreños en las calles.”

Este enfoque le ha ganado apoyo popular, sobre todo entre sectores que sufrían la violencia pandilleril. Sin embargo, sectores académicos, ONGs internacionales y organismos multilaterales como la CIDH han expresado su “profunda preocupación” por la sistemática vulneración de derechos civiles y políticos.

Periodismo en el exilio: el caso de El Faro

El Faro, reconocido medio de investigación salvadoreño, ha sido uno de los principales blancos del gobierno. Tras publicar revelaciones sobre negociaciones secretas del Ejecutivo con líderes pandilleros, tuvo que enfrentar una avalancha de amenazas, acoso digital y lo peor: la preparación de órdenes de arresto contra varios periodistas, incluido su editor en jefe, Óscar Martínez.

Cinco periodistas de El Faro tuvieron que abandonar el país y alertaron que sus nombres aparecen en una lista clasificada de “objetivos prioritarios” supuestamente en manos de la policía migratoria. Martínez ha llegado a declarar: “Si regresamos a El Salvador, algunos de nosotros seremos arrestados, torturados o incluso asesinados.”

Una alianza silenciosa: Estados Unidos y Bukele

La inacción del gobierno estadounidense, que otrora condenaba públicamente las acciones autoritarias, ha sido notoria. La administración Biden ha evitado confrontar a Bukele en momentos en que negocia apoyo para frenar migraciones masivas rumbo al norte. Esto marca un distanciamiento respecto a años anteriores, cuando el Departamento de Estado emitía comunicados críticos ante cualquier retroceso democrático.

Verónica Reyna, coordinadora del Servicio Social Pasionista, sostiene que “el respaldo implícito de Estados Unidos ha envalentonado a Bukele”. Y recuerda la influencia del expresidente Trump: “Desde que Trump llegó al poder, Bukele sabe que no hay gobierno que le ponga freno”.

Legislación para silenciar: la 'Ley de Agentes Extranjeros'

En mayo pasado, la Asamblea Legislativa –controlada por el partido Nuevas Ideas– aprobó una ley que obliga a que todas las organizaciones que reciben financiamiento del extranjero se registren bajo la etiqueta de “agente extranjero”, replicando mecanismos utilizados en regímenes como Nicaragua, Venezuela y Rusia.

Esta normativa no sólo limita la operatividad de ONGs y medios de comunicación, sino que, según los expertos, amenaza con encarcelamientos y multas para aquellos que critiquen políticas oficiales.

¿Dictadura del siglo XXI con fachada tecnológica?

A diferencia de los regímenes autocráticos tradicionales, Bukele se apalanca en una fuerte presencia digital. Su gabinete promueve una narrativa de eficiencia y seguridad cibernética, al tiempo que bloquea información y persigue discursos críticos. Bajo su mandato, incluso se ha cerrado el acceso a registros públicos y promovido investigaciones arbitrarias contra organizaciones que documentan violencia estatal.

Esta contradictoria combinación de popularidad, represión institucionalizada y legitimación internacional configura lo que analistas como Steven Levitsky considerarían una “autocracia electoral”: donde hay elecciones, pero no garantías para derechos civiles ni para la oposición.

El futuro de la democracia salvadoreña: ¿en qué punto estamos?

El Salvador enfrenta hoy una encrucijada. Mientras la comunidad internacional guarda silencio o prioriza agendas geopolíticas, periodistas, defensores y abogados están siendo empujados al exilio, encarcelamiento o silencio forzado. La capacidad del pueblo salvadoreño para restaurar el orden constitucional dependerá no sólo de la voluntad popular, sino de la presión externa y de la solidaridad regional.

Como advirtió Anaya antes de ser arrestado: “Aquí todos hablamos con miedo, pero seguimos hablando. Porque si callamos, perdemos la república.”

Es una realidad que no se puede ignorar. Es el momento de mirar a El Salvador más allá de cifras de aprobación y titulares alentadores sobre seguridad. Lo que está en juego es la vigencia de las libertades fundamentales en todo el continente.