El conflicto entre Trump y los gobernadores demócratas revela una guerra cultural sobre inmigración

Por décadas, el tema migratorio ha sido un campo de batalla político en Estados Unidos. Sin embargo, bajo la nueva administración de Donald Trump, este conflicto ha escalado hasta convertirse en una pugna directa entre el poder federal y los estados liderados por demócratas.

Antecedentes de un conflicto alimentado por ideologías

La lucha entre el expresidente Donald Trump y varios gobernadores demócratas, como Gavin Newsom (California), JB Pritzker (Illinois) y Kathy Hochul (Nueva York), no es nueva. Pero en el actual contexto político, esta confrontación ha cobrado una dimensión mucho más dramática. Trump ha abandonado toda pretensión de cooperación institucional, decantándose por una guerra abierta contra lo que él llama "jurisdicciones santuario".

Las llamadas ciudades santuario son aquellas que limitan —aunque de forma legal y dentro de su competencia— la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Desde hace años, estas políticas han sido ampliamente discutidas, y en varios casos, defendidas ante los tribunales. Los jueces han reiterado que esas leyes no violan la Constitución ni impiden a las autoridades federales realizar su trabajo.

La audiencia en el Congreso: republicanos contra gobernadores demócratas

El último episodio de este enfrentamiento se vivió en el Congreso estadounidense, donde la mayoría republicana en el Comité de Supervisión de la Cámara Baja citó a declarar a los gobernadores de Illinois, Minnesota y Nueva York. La audiencia fue precedida por un video sensacionalista que vinculaba delitos violentos con inmigrantes sin documentos, una narrativa que los estudios han cuestionado profundamente.

JB Pritzker, gobernador de Illinois, ofreció un fuerte testimonio donde dejó claro que su prioridad es la seguridad de sus residentes, pero sin criminalizar a toda una población: "Los criminales violentos no tienen lugar en nuestras calles, pero no usaremos recursos locales para hacer el trabajo del gobierno federal cuando esto no es en beneficio de nuestra gente".

Esta postura es compartida por otros gobernadores. Kathy Hochul ha recalcado que en Nueva York sí se coopera con ICE cuando existen condenas penales o investigaciones abiertas, lo que desarma la idea de que se trata de jurisdicciones que dan carta blanca a la ilegalidad.

Un choque con implicaciones políticas para 2028

El caso de Gavin Newsom resulta especialmente ilustrativo. El gobernador californiano ha sufrido personalmente las amenazas de Trump: desde la posibilidad de recortar fondos federales para la respuesta a incendios forestales hasta el despliegue de tropas federales en Los Ángeles sin su consentimiento, lo que Newsom consideró un “movimiento autoritario”.

Newsom ha aprovechado el conflicto para cimentar su imagen nacional, siendo cada vez más mencionado como un precandidato para las elecciones presidenciales de 2028. La estrategia de enfrentarse directamente al presidente ha sido utilizada antes (piénsese en Andrew Cuomo o Ron DeSantis), pero Newsom parece combinar el enfrentamiento directo con un discurso pragmático, capaz de atraer electores moderados.

Los golpes de Trump contra California y más allá

La administración Trump ha tomado acciones para restringir la autonomía de California. Entre ellas:

• Demandas legales contra leyes estatales sobre inmigración y privacidad de datos de licencias de conducir.
• Intentos por retirar financiación a proyectos como el tren de alta velocidad de California.
• Bloqueo de regulaciones medioambientales como las normas de emisiones de vehículos.

A estas tensiones se suma lo simbólico. Trump ha llamado a California “un basurero” en discursos de campaña y se ha burlado del estado por su situación con personas sin hogar, sus políticas inclusivas y hasta por su aparente laxitud frente al crimen. El enfrentamiento es tan ideológico como político.

¿Qué dice la evidencia sobre inmigración y crimen?

Una de las justificaciones principales de Trump para atacar las políticas “santuario” es supuestamente el aumento en la criminalidad. Sin embargo, estudios recientes contradicen esta narrativa.

Un análisis publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences encontró que los inmigrantes indocumentados no solo cometen delitos a tasas más bajas que los ciudadanos nacidos en EE.UU., sino que no existe evidencia confiable que vincule directamente las políticas santuario con un aumento generalizado en delitos violentos.

Según un informe del Cato Institute, los inmigrantes indocumentados en Texas cometieron homicidios a tasas 25% más bajas que los ciudadanos nativos en 2019, y crímenes sexuales a tasas 80% menores.

Las contradicciones dentro del Partido Republicano

Incluir a gobiernos aliadófilos de Trump —como algunas ciudades equivocadamente puestas en la lista negra de 'jurisdicciones santuario' por el DHS— demuestra que muchas de las campañas federales actuales están impulsadas más por ideología que por datos.

Además, la idea de “dejar a los estados decidir” ha sido piedra angular del conservadurismo desde Barry Goldwater, pero esta administración parece ignorarla cuando los estados deciden algo que va en contra de su línea ideológica.

La militarización migratoria: un parteaguas

Nada escenifica mejor esta disputa que la decisión de Trump de desplegar la Guardia Nacional para colaborar con detenciones de inmigrantes en Los Ángeles. Este tipo de militarización no solo es inusual, sino que ahora enfrenta desafíos legales ya presentados por California ante tribunales federales.

En palabras de Newsom: “Si hoy es California, mañana serán otros estados. Y luego, nuestra democracia”.

¿Resistencia o ambición personal?

Mientras algunos ven en Newsom y sus aliados un acto de resistencia política necesario, otros lo catalogan como puro cálculo electoral. Ben Shapiro, comentarista conservador, fue tajante en su podcast: “Esto es todo sobre Gavin Newsom queriendo ser presidente en 2028. Él piensa que enfrentarse a Trump le garantizará las primarias demócratas”.

Pero más allá de las intenciones individuales, se trata de una batalla que definirá la autonomía de los estados frente al gobierno federal, sobre todo en uno de los temas más electorales y polarizadores del momento: la inmigración.

Lo que está en juego

Según datos del Pew Research Center, aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados viven en Estados Unidos. Las ciudades y estados que implementan políticas santuario no buscan proteger criminales, sino crear un entorno en el cual los inmigrantes puedan reportar delitos, colaborar con la policía y acceder a servicios básicos sin miedo de ser deportados.

A medida que el Congreso debate estos temas y la Casa Blanca presiona, la población inmigrante se encuentra en medio de un juego político que puede cambiar drásticamente según el resultado de las próximas elecciones presidenciales.

¿Autoritarismo disfrazado de seguridad nacional?

La narrativa de Trump y sus aliados en torno a “recuperar la soberanía” o “proteger la frontera” puede tener resonancia en ciertos sectores del electorado. Sin embargo, al utilizar al Ejército para operaciones civiles, amenazar con retiro de fondos y atacar directamente la autonomía estatal, algunos expertos advierten sobre implicaciones democráticas a largo plazo.

No es casualidad que Newsom usara palabras como “autoritario” y “asalto a la democracia” en su denuncia. Porque lo que está ocurriendo es más que una simple disputa migratoria: es una batalla por definir los límites del federalismo en pleno siglo XXI.

¿Y tú, de qué lado estás?