¿Qué tan sólida es la democracia? Fraude electoral frustrado en Minnesota pone a prueba las defensas del sistema

Un caso que sí, pero no

El reciente caso judicial en Minnesota donde dos personas, Ronnie Williams y Lorraine Lee Combs, fueron acusadas de fraude en el registro de votantes, parece al principio ser un golpe a la democracia. Sin embargo, en un giro inusual y revelador, la historia resulta más aleccionadora que alarmante. Nadie votó de manera ilegal. Ninguna elección fue alterada. Pero los intentos de fraude existieron, y eso es suficiente para encender las alertas.

¿Qué pasó realmente?

Según las acusaciones presentadas por la Oficina del Fiscal Federal, Williams y Combs usaron nombres falsos y datos ficticios para rellenar cientos de formularios de registro de votantes entre 2021 y 2022. Lo hicieron trabajando para una fundación identificada solo como "Foundation 1", que les pagaba por cada formulario procesado.

No lo hicieron solos. Documentos judiciales indican la participación de otros intermediarios y que los formularios fraudulentos fueron enviados a oficinas electorales en todo el estado.

Combs declaró al Star Tribune que llenó alrededor de 500 formularios. Según dijo, desconocía cuántos más completó Williams y tampoco conocía los detalles del funcionamiento de la fundación para la que trabajaban.

Una red de seguridad que funcionó

Steve Simon, Secretario de Estado de Minnesota, fue enfático en declarar que ninguno de estos formularios se tradujo en votos ilegítimos. «Los extensos controles en el sistema de registro de votantes de Minnesota aseguraron que las solicitudes fraudulentas fueran detectadas de inmediato», afirmó.

¿Cómo es posible eso? Minnesota ha implementado un sistema de registro que incluye la verificación de datos de identidad mediante bases de datos estatales y federales. Cuando alguna inconsistencia es detectada—un número de seguridad social inexistente, direcciones duplicadas o errores en la fecha de nacimiento—el sistema señaliza y bloquea la solicitud.

De hecho, las autoridades locales remitieron de inmediato los formularios sospechosos a las agencias encargadas del cumplimiento de la ley. A raíz de ello, el FBI y la oficina de Simon iniciaron una investigación que duró cerca de dos años.

Un fraude imperfecto, pero peligroso

¿Qué tan serio es un intento fallido de fraude electoral? Para muchos, si nadie vota ilegalmente, no hay crimen real. Pero eso es eliminar de la ecuación el daño al sistema y a la percepción pública.

“El fraude electoral ataca el corazón de nuestra democracia”, dijo Joseph Thompson, fiscal federal interino. E incluso un fallo en el intento puede sembrar dudas y alimentar la polarización política.

En su libro Why Americans Don't Vote, el académico Frances Fox Piven advierte que las noticias sobre irregularidades, aunque sean infrecuentes, pueden incentivar leyes regresivas que dificultan el acceso al voto a poblaciones vulnerables.

Un contexto cargado

Este caso ocurre en un entorno donde los reclamos de fraude electoral han sido utilizados como justificación para cambios legislativos restrictivos en varios estados desde las elecciones presidenciales de 2020. Entre 2020 y 2023, más de 20 estados han aprobado leyes que imponen obstáculos al sufragio, desde requerimientos de identificación más estrictos hasta purgas de registros electorales.

Sin embargo, datos del Brennan Center for Justice señalan que el fraude electoral en EE.UU. es extremadamente raro. Un estudio afirmó que solo se detectó un (1) caso de fraude por cada 32 millones de votos emitidos por correo a lo largo de dos décadas.

¿Por qué existe entonces el incentivo?

En este caso particular, el incentivo fue económico. Foundation 1 presuntamente pagaba por cada solicitante registrado. Williams, a su vez, dividía el dinero con Combs. Aunque los documentos no revelan cuánto ganaron, la motivación era clara: dinero fácil a través de un esquema piramidal.

Este no es un fenómeno nuevo. En otros estados como Florida y Georgia se han detectado redes similares donde los operadores cobraban por registros, a menudo utilizando nombres de personas fallecidas o inexistentes.

¿Qué sigue para Williams y Combs?

Ambos están cooperando con las autoridades. Williams tiene una audiencia de acuerdo de culpabilidad programada para el 8 de julio, mientras que Combs cambiaría su declaración el 24 de junio. Fueron acusados mediante denuncia previa y no por un gran jurado, lo que indica que probablemente han aceptado colaborar con la fiscalía.

La pena máxima podría alcanzar cinco años de prisión, aunque eso puede reducirse si los acusados testifican o proporcionan más información sobre otros involucrados.

¿Y la misteriosa “Foundation 1”?

Hasta ahora no ha sido formalmente acusada, ni siquiera identificada con nombre. El hecho de que haya operado como intermediaria entre formularios fraudulentos y el sistema electoral de Minnesota plantea serias preguntas sobre su origen, objetivos y relaciones políticas.

¿Era una organización con fines políticos? ¿O simplemente un intento de monetizar el sistema electoral? La falta de transparencia detrás de su identidad convierte a Foundation 1 en un eslabón crítico en la cadena de este caso.

El impacto en la confianza pública

La narrativa de las elecciones amañadas ha sido un detonante en el activismo político reciente. Casos como el de Minnesota, aunque limitados en alcance, se utilizan para alimentar la idea de que el sistema es vulnerable.

No obstante, en este caso, el sistema funcionó. Y eso es quizás lo más importante. Como dijo Simon: «Si intentas engañar o manipular el sistema en Minnesota, serás detectado y procesado».

La lección más destacable es que los mecanismos de defensa están funcionando, pero requieren vigilancia y constante actualización.

Necesitamos más transparencia y mejor educación cívica

Este episodio resalta la necesidad de educación sobre el proceso electoral, especialmente si existen entidades que pagan por registros sin verificar la legalidad del proceso. También es urgente exigir mayor transparencia a las fundaciones y organizaciones que participan en labores cívicas y políticas.

En palabras del investigador Justin Levitt, exfuncionario del Departamento de Justicia: «No solo se trata de prevenir el fraude, se trata de preservar la legitimidad mediante la transparencia, la rendición de cuentas, y una ciudadanía informada».

¿Una llamada de atención o alarma injustificada?

Dependiendo de la perspectiva, este caso puede verse como evidencia de un sistema resiliente o como un síntoma de un fallo potencial mayor. En cualquier caso, la moraleja es clara: incluso cuando no se concreta un fraude electoral, la intención basta para dañar la confianza pública.

Mientras Minnesota demuestra que tiene herramientas efectivas, en otros estados las salvaguardias quizás no sean tan fuertes. Y si algo hemos aprendido en estos años es que la confianza democrática se erosiona más rápido de lo que se construye.