Delaney Hall: Un motín, una protesta y un sistema cuestionado

Un motín entre muros y gritos en las calles

El 12 de junio de 2025, el centro de detención federal Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey, fue escenario de un complejo episodio de descontento, caos e indignación. Lo que comenzó como una protesta frente al complejo se transformó en un aparente motín dentro de las instalaciones, elevando nuevamente preocupaciones sobre las condiciones de los detenidos y el control institucional sobre estos recintos migratorios.

El Delaney Hall, que recientemente alberga cerca de mil detenidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), fue inaugurado este mismo año como parte de una nueva política migratoria de línea dura impulsada por el expresidente Donald Trump. Sin embargo, este nuevo espacio rápidamente se ha convertido en símbolo de fracturas sociales, violaciones a derechos humanos y tensiones políticas en el panorama estadounidense.

Protestas más allá de las rejas

Durante aquel jueves, decenas de manifestantes se conglomeraron fuera del complejo, bloquearon accesos vehiculares y empujaron las vallas perimetrales. La organización New Jersey Alliance for Immigrant Justice reportó que los oficiales usaron gas pimienta y forcejearon con los manifestantes, lo que dejó varios con heridas leves. Amy Torres, directora ejecutiva de la organización, denunció que los agentes federales tacharon a las protestas de violentas, mientras perseguían a ciudadanos que reclamaban justicia.

Lo que alimentó la furia tanto dentro como fuera del centro fue, según reportes, la demora en la entrega de las comidas, lo cual desencadenó un comportamiento rebelde dentro de los muros. El abogado Mustafa Cetin, quien tiene como cliente a uno de los detenidos, señaló que los reclusos tomaron acciones agresivas por la falta de alimentos, e incluso lograron derribar una frágil barrera del perímetro.

El rol de las autoridades locales

El alcalde de Newark, Ras Baraka, demócrata y abierto crítico de la política migratoria trumpista, no dudó en condenar lo que llamó un “caos inaceptable”. En la madrugada del viernes, Baraka emitió un comunicado pidiendo la suspensión de las actividades en Delaney Hall hasta que se esclarecieran los hechos. “Estamos profundamente preocupados por los informes sobre la retención de comida, maltrato y posibles fugas”, expresó.

La tensión entre autoridades locales y federales sobre la gestión de Delaney Hall no es un fenómeno nuevo. Apenas el 9 de mayo, Baraka fue arrestado por cargos de allanamiento —posteriormente desestimados— mientras intentaba inspeccionar el lugar. La congresista demócrata LaMonica McIver también fue acusada de agredir a agentes federales en el contexto de otra protesta. Según McIver, se limitaba a cumplir su rol fiscalizador como legisladora.

Una historia de tensión migratoria

Este evento no puede analizarse en el vacío. Desde 2016, las prácticas del ICE en centros de detención han sido epicentro de múltiples controversias. Según una investigación de la American Civil Liberties Union (ACLU), más de 1,300 denuncias de abuso físico y psicológico fueron registradas en centros de ICE entre 2018 y 2022 (Fuente: ACLU).

La política de "tolerancia cero" del expresidente Donald Trump intensificó esta crisis. Separaciones de familias, deportaciones masivas y condiciones sanitarias cuestionables en múltiples centros han sido ampliamente criticadas a nivel nacional e internacional. En 2020, el entonces Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó algunos centros como "ambientes de riesgo humanitario".

¿Qué es Delaney Hall?

Delaney Hall no surgió de la nada. Aunque operaba anteriormente como prisión estatal, pasó a manos del control federal de ICE en el marco de la expansión de centros migratorios. Ubicado a minutos del aeropuerto internacional de Newark, la facilidad ha sido promocionada por ICE como una alternativa “moderna y eficiente” para custodiar inmigrantes en proceso de deportación.

No obstante, voces locales y nacionales coinciden en lo contrario. El senador estatal demócrata Raymond Lesniak advirtió el año pasado sobre la “opacidad y falta de supervisión independiente” en centros operados por corporaciones privadas bajo contrato federal como GEO Group o CoreCivic.

Esto remite a un tema estructural: más del 75% de los detenidos en ICE se encuentran en cárceles privadas (Fuente: TRAC Immigration). Estas empresas operan bajo contratos millonarios en los que la rentabilidad aumenta mientras haya más detenidos, generando incentivos perversos que chocan con los principios de derechos humanos.

Protestas como símbolo de resistencia

Lo ocurrido en Newark debe leerse como parte de una ola mayor de protestas en todo el país. En Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Houston ha habido manifestaciones similares entre organizaciones civiles, iglesias y colectivos de indocumentados. Todas comparten una misma demanda: cierre de los centros de detención y un enfoque migratorio más humanista.

“Nuestra lucha no es solo por los que están detrás de los barrotes, sino por redefinir el enfoque represivo que ha convertido a Estados Unidos en un espacio hostil para nuestros hermanos inmigrantes”, afirmó Amy Torres en rueda de prensa posterior al caos en Delaney Hall.

Además de exigir mejores condiciones carcelarias, muchas de estas organizaciones instan al Congreso a legislar un camino hacia la ciudadanía para millones de personas actualmente bajo amenaza de deportación.

¿Qué sigue para Delaney Hall?

Las investigaciones sobre los hechos aún están en curso. La ausencia de respuestas claras por parte de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional alimenta la incógnita sobre la magnitud del motín y la cantidad de posibles fugas. Mientras tanto, las demandas por transparencia y supervisión externa crecen desde el Capitolio de Nueva Jersey hasta Washington D.C.

El caso también podría tener efectos políticos más amplios. Con elecciones estatales en Virginia y una opinión pública cada vez más volátil frente a temas migratorios, el enfoque de los partidos hacia los centros de detención podría influir en su desempeño electoral. Como señala la politóloga Vanessa Pérez de la Universidad de Columbia: “Lo que ocurre en lugares como Delaney impacta no solo a nivel estatal, sino en la narrativa nacional sobre justicia, seguridad y derechos humanos”.

Más allá de lo inmediato

Los hechos en el Delaney Hall son un síntoma de algo mayor: la colisión entre una política migratoria restrictiva y una sociedad que camina, inexorablemente, hacia una pluralidad étnica cada vez más evidente. En ese cruce, el Estado tiene la obligación de elegir entre la represión o la justicia.

La protesta en Newark no puede analizarse solo como un momento de conflicto, sino como una súplica colectiva de atención, como un espejo del modelo que Estados Unidos ha adoptado—y que quizás deba replantear radicalmente si desea converger con los valores democráticos que dice defender.

El silencio de los muros no implica ausencia de gritos.

Y como demostró Delaney Hall, tampoco significa estabilidad.