El incendio de la democracia: ¿hasta dónde llega el poder presidencial en EE. UU.?

Una chispa de conflicto en la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor

En junio de 2024, una controversia político-legal reavivó el debate sobre la independencia de las agencias federales en Estados Unidos. El expresidente Donald Trump, en un movimiento sin precedentes, decidió remover de sus puestos a tres comisionados demócratas de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (Consumer Product Safety Commission, CPSC), todos con mandatos vigentes. Esta decisión provocó una demanda que culminó en un fallo clave emitido por el juez federal Matthew Maddox, declarando que las destituciones eran ilegales.

Más allá del resultado inmediato —el restablecimiento de los comisionados—, este caso abre una puerta a una discusión fundamental sobre el balance de poderes, el rol de las agencias independientes y los límites de la autoridad presidencial en uno de los sistemas democráticos más influyentes del mundo.

¿Qué es la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor?

Creada en 1972, la CPSC tiene una misión clara: proteger a los consumidores estadounidenses de productos peligrosos, emitiendo alertas, retiradas del mercado y emprendiendo acciones legales contra empresas que incumplen normas de seguridad. El organismo está compuesto por cinco miembros, cuyo equilibrio partidista debe mantenerse de manera que ningún presidente pueda tener más de tres miembros afines a su partido en el órgano.

Los comisionados sirven periodos de siete años, precisamente para darle continuidad técnica y protección contra presiones políticas. Donald Trump intentó romper con esa tradición, despidiendo arbitrariamente a tres demócratas que ya habían sido ratificados y servían bajo los términos establecidos por ley.

La batalla legal: ¿quién controla a las agencias independientes?

Según el estatuto federal que regula la CPSC, un presidente solo puede remover a un comisionado por negligencia en el cumplimiento de sus funciones o mala conducta. En este caso, la Casa Blanca no presentó evidencia de ninguna de esas causas.

Los abogados de los comisionados despedidos alegaron que cualquier otra interpretación supondría una violación de la ley. El juez Maddox les dio la razón, afirmando que no existe un “defecto constitucional” que permita al presidente obviar esta regla. De hecho, señaló que Trump estaba rompiendo con precedentes históricos al despedir a estos funcionarios sin causa justificada.

Humphrey’s Executor (1935): el precedente olvidado

El fallo de Maddox se apoya en la jurisprudencia establecida por el caso Humphrey’s Executor vs. United States (1935), en el cual la Corte Suprema dictaminó que el presidente no puede remover libremente a miembros de agencias independientes. La razón de fondo es garantizar el equilibrio entre la independencia técnica y la supervisión política.

Este precedente ha sido durante décadas la piedra angular que permite la existencia de agencias como la CPSC, la Comisión Federal de Comercio o la Junta Nacional de Relaciones Laborales. Su objetivo: regular industrias y proteger derechos sociales sin depender de los vaivenes del poder político.

Sin embargo, esta doctrina ha sido fuertemente cuestionada por sectores conservadores, que argumentan que tales agencias gozan de un poder excesivo y que el presidente debería tener mayor facultad para nombrar y remover a sus integrantes.

Lo que dice la Constitución: ¿autoridad presidencial ilimitada?

La posición del expresidente Trump y de sus abogados se basa en un argumento de interpretación constitucional: el Artículo II otorga al presidente poder ejecutivo pleno, lo cual —según ellos— le permitiría despedir a cualquier funcionario que ejerza funciones ejecutivas sustanciales.

Pero el juez Maddox disintió: afirmó que la CPSC tiene un carácter cuasi-legislativo y cuasi-judicial, más allá del control ejecutivo inmediato. Por ello, los términos legales que regulan sus integrantes no violan la Constitución.

Este razonamiento pone en entredicho el intento de algunos sectores de otorgar al presidente un poder corporativo, con total control jerárquico sobre toda la estructura federal. Y reabre el debate clásico del checks and balances, uno de los pilares del constitucionalismo estadounidense.

Impactos políticos y reacción del Congreso

La destitución de los comisionados generó un rechazo inmediato en el Congreso. Cuatro senadores demócratas enviaron una carta a Trump exigiendo revertir la medida, destacando que era un ataque frontal a la independencia técnica del organismo y ponía en riesgo la salud y seguridad de millones de consumidores.

“Esta movida compromete la capacidad del gobierno federal para aplicar datos científicos en sus decisiones”, afirmaron los legisladores. El temor no es solo legal, sino real: la politización excesiva de agencias como la CPSC podría provocar que productos peligrosos lleguen a los hogares sin las debidas advertencias o retiradas de mercado.

La sombra del maximalismo presidencial

Este caso se inscribe en un contexto más amplio donde la ideología del “poder ejecutivo fuerte” ha ganado terreno. La Corte Suprema, con mayoría conservadora, ha dado señales de avalar una interpretación maximalista del poder presidencial, como ocurrió en fallos recientes relativos a otras agencias independientes.

Sin embargo, el fallo de Maddox se alinea con una visión más institucionalista: ningún presidente, por más electo que sea, está por encima de las leyes que regulan el sistema federal de agencias.

“La opinión de hoy reafirma que el Presidente no está por encima de la ley”, afirmó Nick Sansone, abogado de los comisionados restituidos.

¿Un futuro incierto para las agencias regulatorias?

Es probable que el Gobierno de Trump —en caso de regresar al poder— u otros presidentes con ideas similares sigan desafiando la estructura de estas agencias. La propia Corte Suprema deberá posicionarse claramente en el futuro próximo sobre si mantiene o revoca el precedente de Humphrey’s Executor.

Una eventual derogación de esa doctrina podría debilitar la independencia y solidez de instituciones clave, abriendo la puerta a la captura política de organismos reguladores, lo que afectaría temas tan críticos como el cambio climático, la seguridad alimentaria, la calidad del aire o la protección del consumidor.

Un modelo global en juego

Lo que está en juicio en EE. UU. no es solo una disputa doméstica. La estructura de agencias reguladoras independientes estadounidenses ha sido replicada —con éxito variable— en numerosas democracias del mundo, desde Europa hasta América Latina.

Preservar esa arquitectura institucional —equilibrada entre autonomía técnica y supervisión democrática— es esencial no solo para fortalecer la confianza ciudadana, sino también para blindar el Estado de derecho frente a tentaciones autoritarias o empresariales.

Así, el fallo del juez Maddox no solo genera un precedente inmediato, sino una advertencia contundente sobre ese principio elemental de toda república democrática: el poder sin límites es incompatible con la libertad.