La diplomacia médica cubana bajo fuego: ¿cooperación solidaria o trabajo forzado?

Por Redacción Internacional

Una carta que remueve aguas

El 24 de mayo de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un ente autónomo pero vinculado a la Organización de los Estados Americanos (OEA), envió una carta confidencial a todos los Estados miembros del continente americano. En ella solicitaba información detallada sobre los acuerdos existentes con el gobierno de Cuba relacionados con las brigadas médicas cubanas: ¿tienen estos trabajadores derechos laborales y sindicales?, ¿han presentado quejas?, ¿existen denuncias de trabajo forzado?

La solicitud ha causado revuelo. Para países del Caribe que dependen críticamente del apoyo de la isla en materias de salud pública, como San Vicente y las Granadinas, Guyana, Barbados o Trinidad y Tobago, este requerimiento se percibe como un cuestionamiento a su soberanía y a una de las iniciativas más emblemáticas del humanismo cubano.

22,000 médicos en más de 50 países

Desde hace más de seis décadas, Cuba ha enviado a sus médicos a todas partes del mundo. Según datos oficiales del gobierno cubano, actualmente hay más de 22,000 profesionales de la salud en misiones sanitarias internacionales, en más de 50 países. Esta cooperación médica ha sido clave en la lucha contra epidemias (como el ébola en África o el COVID-19 en Italia), en la atención primaria en zonas rurales olvidadas de América Latina, y en la puesta en marcha de centros hospitalarios en el Caribe.

“Sin los cubanos, el centro de diálisis en San Vicente cerraría”, dijo el Primer Ministro Ralph Gonsalves. Y no se trata de una frase hiperbólica: ese centro, operado íntegramente por personal cubano, atiende gratuitamente a 64 pacientes al año y cuesta unos cinco millones de dólares. Es, literalmente, vital.

¿Cooperación internacional o explotación laboral?

No obstante, las críticas desde Washington y la CIDH apuntan a posibles violaciones de derechos humanos en el marco de estas misiones. La administración estadounidense ha descrito a estos programas como “trabajo forzado”, acusando al Estado cubano de retener parte significativa del salario de los médicos y restringir su libertad.

En febrero de 2025, el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, impuso restricciones de visado a funcionarios relacionados con estas brigadas. Según el gobierno estadounidense, se trata de una medida para “promover la rendición de cuentas”. Las sospechas incluyen acusaciones sobre la falta de contratos claros, libertad limitada durante las misiones, y penalización a los médicos que abandonan el programa.

El Estado cubano por su parte responde que se trata de una campaña para asfixiar económicamente al país. El presidente Miguel Díaz-Canel declaró en abril que la campaña de EE. UU. tiene dos objetivos claros:

• Eliminar una fuente importante de ingresos, incluso en sectores tan nobles como la salud.
• Desacreditar ideológicamente a Cuba para debilitar su prestigio internacional.

“Es un intento desesperado por bloquear la cooperación médica cubana, usando métodos inmorales como amenazar a funcionarios extranjeros”, afirmó el mandatario.

Una región dividida

La carta de la CIDH ha recibido respuestas divididas entre los países caribeños. Mientras algunos, como Guyana, han anunciado reformas en sus mecanismos de reclutamiento para cumplir con estándares del derecho laboral internacional, otros se han mostrado desafiantes ante lo que consideran una injerencia extranjera.

La Primera Ministra de Barbados, Mia Mottley, fue categórica: “Si el costo es perder mi visa a EE. UU., pues que así sea”, dijo en el Parlamento, generando aplausos.

La postura fue reforzada por el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley: “Si nunca vuelvo a California, no importa. Lo que importa es que nuestra soberanía sea conocida y respetada”.

¿Es la salud un arma política?

Las brigadas médicas cubanas han generado controversia mundial desde hace décadas. Para sus defensores, representan un modelo de solidaridad internacional sin precedentes. Para sus críticos, un mecanismo de propaganda estatal y explotación laboral.

Lo cierto es que Cuba ha firmado convenios con organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como con decenas de gobiernos de África, Asia, Europa y América. En el caso de Brasil, bajo el programa Mais Médicos, más de 15,000 médicos cubanos llegaron a comunidades aisladas. El programa terminó abruptamente en 2018 tras la llegada de Jair Bolsonaro al poder, dejando a millones sin atención médica.

Muchos médicos han denunciado condiciones restrictivas: deben dejar a sus familias en Cuba, reciben sólo una fracción de su salario y tienen vigilancia constante. Otros, sin embargo, defienden el modelo como una forma de misión social y compromiso revolucionario.

“Yo estoy aquí por vocación, no por dinero. Salvar vidas no tiene precio”, dijo un médico cubano en Jamaica bajo anonimato para evitar represalias.

Derecho a decidir: ¿soberanía o alineación geopolítica?

En el fondo, el debate revela una lucha entre soberanía nacional y presión internacional. ¿Tienen los Estados del Caribe y América Latina derecho a elegir a quién contratan, cómo, y con qué contratos? ¿O deben someterse a estandarizaciones determinadas por entes como la OEA o por políticas exteriores como la de EE. UU.?

Francesca Emanuele, del Center for Economic and Policy Research, advierte que este tipo de requerimientos pueden alterar el equilibrio regional:

“El rol de la CIDH no debería distorsionarse. Esto interfiere en decisiones soberanas de los Estados”, subrayó.

San Vicente y las Granadinas ha sido claro: no hay violaciones laborales, y no se permitirá que una carta externa cierre un servicio esencial como su clínica de hemodiálisis. El mismo argumento se repite en otras islas con contextos similares.

Visas, sanciones y lealtades

Buena parte del trasfondo es geopolítico. Países como Guyana están en una posición delicada, ya que dependen de apoyos económicos y militares de EE. UU., especialmente en el marco del conflicto territorial con Venezuela. Esto podría explicar por qué el país anunció ajustes en las normas de contratación de médicos de Cuba.

El temor a restricciones de visado, cancelación de acuerdos de cooperación o sanciones financieras ronda a varios gobiernos caribeños. Pero los discursos de líderes como Mottley y Rowley muestran una resistencia creciente a lo que consideran chantajes diplomáticos.

En 2024, se reportaron protestas incluso en la Asamblea General de la OEA por la retórica que criminaliza programas médicos como los cubanos. Para algunos, se trata de una nueva forma de guerra fría: sin misiles ni soldados, pero con sanciones, visados y cartas diplomáticas.

¿Un modelo en crisis o injustamente atacado?

Desde 1960, cuando la isla envió su primera misión médica a Chile tras un terremoto, más de 400,000 profesionales cubanos han participado en brigadas internacionales. Han operado en México tras sismos, en Haití tras huracanes, y en países de África incluso durante guerras civiles.

No obstante, varios informes —incluido uno del Departamento de Estado en 2023— acusan que Cuba podría retener hasta el 75% del salario de sus médicos. En contraste, sin estos programas, muchos países sencillamente no podrían funcionar a nivel sanitario.

¿Es Cuba un exportador de servicios médicos o de mano de obra barata? ¿Está EE. UU. protegiendo derechos humanos o buscando debilitar económicamente a un enemigo ideológico?

Las respuestas no son simples. Pero lo que está claro es que, en pleno siglo XXI, la salud pública sigue siendo una poderosa herramienta geopolítica, tanto para sanar como para presionar.

Por ahora, la región espera. El plazo para responder a la carta de la CIDH está corriendo, y la tensión —como los latidos en un quirófano— no cesa.