Una Viuda Contra el Sistema: La Lucha de Lisa Afolayan por Justicia y el Fallo del Programa Federal de Beneficios a Oficiales

Cuando el sacrificio no basta

Lisa Afolayan lleva dieciséis años peleando por lo que muchos creían garantizado: justicia para quienes mueren sirviendo a su país. Su esposo, Nate Afolayan, murió poco antes de completar su entrenamiento en la Academia de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. en Nuevo México en 2009. Desde entonces, no ha recibido ni un centavo del programa que promete beneficios federales a familias de oficiales que dan su vida en cumplimiento del deber.

“Es una pesadilla que demasiadas familias enfrentan”, lamenta Lisa desde The Colony, Texas, donde vive con sus dos hijas. “Tiene un costo emocional enorme, y a ellos no les importa. Para el gobierno, solo somos papeles que mover”.

Un programa saturado, lento y cada vez más excluyente

El caso de Afolayan pone el reflector sobre uno de los aspectos más opacos del aparato burocrático estadounidense: el Programa de Beneficios para Oficiales de Seguridad Pública (PSOB por sus siglas en inglés), creado por el Congreso en 1976 para otorgar compensaciones económicas a familiares de oficiales de policía, bomberos y otros agentes de seguridad que mueren o quedan discapacitados en la línea de servicio.

Originalmente, el pago era de $50,000 dólares. Hoy, ajustado por inflación, equivale a $448,575. A esto se suman beneficios educacionales para viudos e hijos, y compensaciones en caso de discapacidad.

Pero lo que era un sistema fluido ha evolucionado en una estructura rígida, congestionada y, según muchos, injustamente selectiva. Las cifras lo demuestran:

• Desde 2019, los reclamos casi se triplicaron: de 500 por año a más de 1,200.
• En abril de 2024, más de 900 casos llevaban más de un año sin resolución. De estos, más de 120 superaban los cinco años, y una docena estaban estancados por más de una década.
• Casi 1 de cada 3 reclamos fue rechazado en 2023, la tasa más alta registrada.

Esto, a pesar de que el objetivo oficial del programa es ofrecer una determinación en menos de un año. El Departamento de Justicia, que administra el PSOB, culpa a la creciente complejidad de los casos y a los desafíos legales relacionados con la “causalidad directa”.

El caso de Nate Afolayan: entrenamiento, tragedia y negación

Nate Afolayan nació en Nigeria, pero se naturalizó ciudadano estadounidense tras emigrar a California con su familia. Con una licenciatura de CSU San Bernardino, y casado con Lisa, decidió perseguir su sueño: servir a su país en la Patrulla Fronteriza.

Murió a los 29 años, colapsando durante una exigente carrera de entrenamiento de 2.4 kilómetros con temperaturas de 31°C (88°F) en pleno desierto, a 1,036 metros de altitud. La causa de muerte establecida en el certificado fue insolación y fallo orgánico múltiple.

Pese a ello, el PSOB se negó a otorgar los beneficios, responsabilizando su deceso a un rasgo genético: el rasgo de célula falciforme, una condición hereditaria que afecta a millones —principalmente afroamericanos— y que, en la mayoría de los casos, no provoca síntomas.

Rasgo falciforme: ¿pretexto médico o discriminación genética?

El diagnóstico del médico forense contratado por el gobierno, el Dr. Stephen Cina, culpó al rasgo de célula falciforme por desencadenar la crisis durante el ejercicio físico. Según PSOB, esto excluye a Nate de los lineamientos, porque su muerte no fue por un “evento inesperado en cumplimiento del deber”, sino una consecuencia de su condición genética.

Sin embargo, dicha afirmación genera tensión con la Ley contra la Discriminación por Información Genética (GINA), que prohíbe usar información genética para tomar decisiones laborales y administrativas. Cuando Lisa apeló, el tribunal federal coincidió: no se puede descartar el impacto del calor extremo ni ignorar GINA.

“Suena ridículo que a otros oficiales les aprueben beneficios tras muertes por picaduras de abeja, accidentes vehiculares en estado de ebriedad, o incluso con el mismo rasgo falciforme”, reclama Lisa. “Pero a Nate no le tocó porque no encajaba en su caja burocrática”.

Silencio institucional y avances frustrados

El camino de apelaciones no ha sido fácil. Lisa ha recibido ayuda legal gratuita de un bufete de abogados en Washington D.C., y también del grupo Concerns of Police Survivors, aunque algunas críticas rodean a esta organización.

“Nada está garantizado. Estuve más de cuatro años sin actualizaciones, y perdimos oportunidades porque el sindicato que debía seguir nuestro caso no presentó la apelación final”, explica Lisa.

Pese a una orden de la Corte Federal de Apelaciones en 2022 para revisar el caso con criterios más amplios, el PSOB volvió a rechazar la solicitud en febrero de 2024, argumentando que el clima no fue “inusualmente adverso”.

¿La consecuencia? Ni Lisa ni sus hijas —una de ellas ya cursando la universidad— pueden acceder al estipendio mensual de $1,530 dólares por estudios o al pago inicial que hubiera aliviado años de lucha económica.

Otras víctimas del sistema

Lisa no está sola. El caso de Sharline Volcy, quien perdió a su esposo durante entrenamiento en Georgia, tardó tres años y medio en resolverse. “No sabían cuánto iba a tomar el proceso. Ese fue el momento más duro”, dijo Volcy al recibir por fin la confirmación de sus beneficios en 2025.

Según el último informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EE.UU. (GAO), la mayoría de los casos no están siendo resueltos dentro del plazo propuesto por el propio programa. Sin mecanismos de seguimiento adecuados y sin sanciones por incumplimiento, el PSOB se convierte en otra muestra de burocracia sin consecuencias.

Un problema cada vez más complejo

Desde 2020, tres nuevas leyes expandieron el alcance del PSOB incluyendo:

• Casos de COVID-19 adquiridos en servicio.
• Rescatistas y personal de limpieza tras los ataques del 11 de septiembre.
• Agentes que fallecen por suicidio bajo determinadas circunstancias.

Estas expansiones, si bien necesarias, también agregaron dificultad para definir causalidad directa —el elemento clave para conceder cualquier reclamo.

¿Una cultura de negación?

El Departamento de Justicia argumenta que los casos son complejos y requieren opiniones médicas diversas. Pero expertos afirman que hay falta de coherencia en las decisiones.

“No hay justificación para que alguien espere más de cinco años, ni mucho menos una década”, dijo Charlie Lauer, consejero general del programa en los años 80. “Eso destruye a las familias”.

Lisa, que abandonó sus estudios para ser enfermera tras la muerte de su esposo, ahora sobrevive con trabajos informales como entrenadora, recepcionista y agente de bienes raíces.

Una familia, una lucha. ¿Un sistema que escucha?

El caso sigue en la Corte de Apelaciones del Circuito Federal, con el bufete Arnold & Porter representando a Lisa pro bono. Su abogado, John Elwood, remarca que el problema del PSOB no es médico, ni jurídico, sino ético.

“Están atrapados en tecnicismos mientras pierden la noción del objetivo del programa: compensar a los héroes que hicieron el máximo sacrificio por su nación”, afirmó a medios.

Mientras tanto, Lisa sigue levantándose cada día con esperanza, aunque los años pesan. “A veces solo me río para no llorar. ¿Qué otra cosa puedo hacer?”

Y en su sala permanece la imagen de Nate, vestido con uniforme, sonriendo junto a sus hijas —una postal de lo que debió ser un futuro seguro, truncado no por el destino, sino por el sistema.