La otra factura de Trump: multimillonario costo fiscal, energías limpias en jaque y guerra comercial
El ambicioso proyecto fiscal de Trump promete recortes, pero la Oficina Presupuestaria del Congreso predice déficits masivos, efectos regresivos y un retroceso en energías renovables
Una jugada fiscal que cuesta trillones
El nuevo proyecto de ley fiscal y presupuestaria impulsado por el presidente Donald Trump pretende ser la piedra angular de su segundo mandato: una "hermosa y poderosa reforma" que, según sus propios términos, dinamizará la economía estadounidense, brindará alivio fiscal a las familias y atraerá inversión extranjera.
Sin embargo, un nuevo análisis del Congreso estadounidense contradice esa narrativa. El informe de la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), junto con el Comité Conjunto de Tributación, revela que el proyecto aumentaría el déficit en $2.8 billones de dólares en la próxima década.
Marc Goldwein, vicepresidente senior del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, fue tajante en redes sociales: “No solo no se paga solo, es que no se paga nada solo”.
De la teoría al impacto real
La CBO empleó dos enfoques para estimar los efectos de esta legislación:
- Puntaje estático: no considera los efectos macroeconómicos. Según este método, el déficit subiría $2.4 billones.
- Análisis dinámico: tiene en cuenta los cambios en los niveles de empleo, inversión y consumo. El resultado fue incluso peor: un déficit proyectado de $2.8 billones.
Además, la CBO estima que los costos del servicio de deuda pública aumentarán en $441 mil millones producto de mayores tasas de interés, alimentadas por el incremento en el endeudamiento.
Un golpe directo a los más vulnerables
En términos redistributivos, el proyecto también genera controversia. Según el desglose de impacto por nivel de ingresos:
- Los hogares más pobres perderían en promedio $1,600 anuales.
- El 1% más rico ganaría alrededor de $12,000 adicionales cada año.
Es decir, la reforma beneficia desproporcionadamente a los más ricos y penaliza a quienes menos margen de maniobra tienen. Esto ha generado fuertes críticas de la oposición demócrata y de analistas independientes.
Medicaid bajo asedio
Para “pagar” parte del plan sin aumentar impuestos, los republicanos han propuesto reducciones drásticas al programa de Medicaid. La propuesta del Senado introduce una nueva exigencia polémica: trabajo obligatorio para padres de adolescentes mayores de 14 años si quieren seguir recibiendo cobertura.
Estas medidas, según defensores de salud pública, empeorarán la cobertura nacional e incrementarán el número de personas sin seguro. De hecho, el informe inicial de la CBO señala que hasta 10.9 millones de personas más quedarían sin cobertura de salud.
La batalla climática: el retroceso verde
Una de las facetas menos visibles pero más cruciales del plan es el intento sistemático de desmontar los créditos fiscales para energías renovables, heredados de la Inflation Reduction Act del expresidente Joe Biden.
En concreto, el proyecto de ley anula o reduce drásticamente créditos para instalaciones solares residenciales, subsidios para la producción de hidrógeno verde y beneficios para vehículos eléctricos.
El senador Ron Wyden lo resumió con contundencia: “El proyecto del Senado hace casi el 90% del daño que hizo el de la Cámara de Representantes. No es una aproximación más amable, es un ataque directo”.
Industria renovable en alarma roja
Los datos hablan por sí solos: los créditos implementados por Biden habían generado cientos de miles de empleos y dirigido inversiones multimillonarias hacia distritos —irónicamente— gobernados por republicanos.
Jackie Wong, vicepresidenta del Natural Resources Defense Council, alertó: “Esta propuesta es un mazazo de 20 libras sobre las energías limpias. Subirá los precios, costará empleos manufactureros y agravará la crisis climática”.
Además, el plan anula créditos para hogares que deseen realizar mejoras de eficiencia energética, como aislamiento térmico o instalación de sistemas más eficientes. El American Council for an Energy-Efficient Economy advierte que estas medidas aumentarán las facturas eléctricas mensuales de millones de familias.
La movilidad limpia también sufre
En el mismo paquete se propone eliminar:
- El crédito de $7,500 por compra de autos eléctricos arrendados.
- La prórroga de beneficios para fabricantes que no hayan vendido aún 200,000 EVs.
- Subsidios para infraestructura de carga de vehículos eléctricos.
Trump ha minimizado sistemáticamente las metas de electrificación de vehículos impuestas durante la administración Biden, acusándolas de ser “mandatos socialistas”.
El gobierno actual ha frenado la expansión de estaciones de carga, revocado normas ambientales en California y debilitado los estándares de eficiencia del combustible.
Guerra de tarifas: el conflicto legal
El enfrentamiento comercial con China y otros países continúa en paralelo. La empresa de juguetes Learning Resources Inc. apeló ante la Corte Suprema de EE. UU. contra los aranceles de Trump, argumentando que fueron impuestos sin autorización del Congreso y usando indebidamente poderes de emergencia.
El CEO de la empresa, Rick Woldenberg, declaró: “No tenemos opción. Esta incertidumbre nos está matando. Nos jugamos la campaña navideña, la más importante del año”.
Aunque la Corte es renuente a aceptar casos que aún deben pasar por tribunales menores, este conflicto pone en tela de juicio si el presidente puede utilizar poderes ejecutivos para imponer tarifas amplias sin aval legislativo.
¿Reforma o regresión?
El proyecto de ley de Trump está lejos de ser un alineamiento pro-economía o pro-familia como lo presentan sus defensores. En cambio, según análisis de expertos y datos oficiales:
- Aumenta el déficit público considerablemente.
- Perjudica a los hogares de menos ingresos.
- Daña el proceso de transición hacia una economía limpia y sustentable.
- Se impone sobre derechos legislativos con acciones ejecutivas discutibles.
Con miras a la votación final, programada justo para el 4 de julio, el Congreso se encuentra en un intenso proceso de negociación. Lo que está en juego es más que una ley: es la dirección social, ambiental y económica de los Estados Unidos para la próxima década.
Seguiremos informando.