Duro revés para los derechos trans: la Corte Suprema respalda la prohibición en Tennessee

Una decisión con impacto nacional

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó recientemente que la ley estatal de Tennessee que prohíbe los tratamientos médicos de afirmación de género para menores transgénero no viola la cláusula de igualdad de protección de la Constitución. En una votación de 6 contra 3, los jueces conservadores inclinaron la balanza a favor de una legislación que se alinea con una serie de esfuerzos republicanos para limitar los derechos de las personas transgénero en Estados Unidos.

La ley, ahora respaldada por el máximo tribunal, impone la prohibición del uso de bloqueadores hormonales y terapias de reemplazo hormonal para menores trans, aunque permite su prescripción para otros fines médicos. Esta aparente contradicción ha sido uno de los argumentos clave de los detractores de la normativa, que alegan discriminación basada en el sexo, contraria a la Enmienda 14.

El fallo de la Corte Suprema y sus implicaciones

El presidente del tribunal, el juez John Roberts, escribió la opinión mayoritaria. En ella expresó que el tribunal no está facultado para resolver desacuerdos científicos y políticos sobre la seguridad y efectividad de tratamientos en constante evolución médica.

Roberts afirmó: "Este caso conlleva el peso de intensos debates científicos y de políticas públicas. Las voces en estos debates plantean preocupaciones sinceras; las implicaciones para todos son profundas. Pero la cláusula de igualdad de protección no resuelve estos desacuerdos".

Esta afirmación ha sido interpretada como una renuncia del tribunal a inmiscuirse en decisiones médicas complejas, sobre todo cuando los legisladores actuaron dentro de su autoridad para regular procedimientos médicos. Sin embargo, activistas y defensores de los derechos civiles creen que la Corte simplemente legitimó leyes arbitrarias inspiradas en política, no en evidencia científica.

La respuesta disidente

La jueza Sonia Sotomayor, junto a las otras dos juezas liberales del tribunal, presentó una contundente disidencia: "La mayoría abandona a los menores transgénero y a sus familias a los vaivenes políticos". Para Sotomayor, se trata de una peligrosa reivindicación estatal en un área que debería regirse por los derechos individuales y por datos médicos más que por inclinaciones ideológicas.

El fallo representa una divergencia clave respecto a la histórica decisión de 2020 en el caso Bostock contra el Condado de Clayton, donde la misma Corte reconoció que la discriminación contra las personas transgénero en el empleo constituye discriminación sexual según el Título VII de la Ley de Derechos Civiles.

Una ola de leyes similares

La decisión de la Corte abre la puerta a consolidar restricciones similares en otros estados. Actualmente, al menos 26 estados han promulgado leyes que limitan el acceso a cuidados médicos para jóvenes trans, muchas inspiradas en el modelo de Tennessee. La mayoría de estas legislaciones se impulsaron entre 2021 y 2023, durante o tras el mandato presidencial de Donald Trump, quien abogó abiertamente por la exclusión de menores trans del sistema de salud, deporte y educación.

El procurador general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, celebró la decisión como una "victoria histórica en defensa de los niños de América". Sin embargo, organizaciones como la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) catalogaron el fallo como una "agresión legal" a los derechos humanos de una población ya vulnerable.

¿Qué dicen los datos?

• Según el Instituto Williams de la Escuela de Leyes de UCLA, hay aproximadamente 300,000 adolescentes entre 13 y 17 años que se identifican como transgénero en Estados Unidos.
• Cerca de 1.3 millones de adultos también se identifican como personas trans.
• Estudios federales indican que los bloqueadores de la pubertad y las terapias hormonales —cuando están indicados— pueden contribuir significativamente a la disminución de trastornos de ansiedad y depresión en jóvenes trans.

La Academia Estadounidense de Pediatría se ha pronunciado en favor de permitir que cada caso se evalúe de forma médica, personalizada y basada en evidencia. No obstante, el discurso político ha primado sobre el criterio clínico en la aplicación de políticas estatales.

Estados divididos

El fallo aumenta la división nacional sobre los derechos de las personas trans. Mientras estados como California o Nueva York promueven leyes de protección activa y acceso libre a tratamientos de afirmación de género, otros —como Texas, Florida o Alabama— han legislado fuertes restricciones o incluso criminalizado a médicos por brindar atención médica a menores trans.

Además, esta disparidad limita la movilidad geográfica de familias con hijos trans: muchas se ven obligadas a mudarse a estados con políticas más laxas para poder garantizar atención médica básica.

Un retroceso internacional

La decisión estadounidense llega justo después de un fallo similar en el Reino Unido, donde la Corte Suprema dictaminó que las mujeres trans pueden ser excluidas legalmente de espacios diferenciados por sexo, como vestuarios, refugios o baños.

Estos fallos representan una corriente judicial conservadora internacional que choca frontalmente con el avance de derechos reconocidos en las últimas décadas. En América Latina, por ejemplo, naciones como Argentina o Uruguay son pioneras en legislación trans inclusiva, con leyes que garantizan atención integral, identidad de género y trabajo digno.

Aunque la libertad individual esté en juego

La raíz de esta problemática reside en si el Estado puede intervenir, de forma punitiva, en decisiones médicas personalizadas que vinculan factores biológicos, psicológicos y sociales. Para los detractores de la ley de Tennessee, no se trata solo del acceso a fármacos, sino de la libertad para vivir conforme a la identidad sentida.

La Corte decidió abstenerse de entrar en este debate, pero al hacerlo, sentó precedente: las leyes que discriminen en función de género auto percibido pueden seguir vigentes, mientras no violen los criterios mínimos de proporcionalidad establecidos por tribunales inferiores.

El caso de Tennessee no será el último. Ya hay más de una docena de causas en curso esperando que la Corte actúe sobre otros aspectos del reconocimiento legal de las personas trans. Pero por ahora, la señal es clara. En Estados Unidos, la identidad de género puede ser motivo de legislación restrictiva, y los derechos de quienes disienten de lo binario están, oficialmente, bajo amenaza legal.

¿Hacia dónde vamos?

Con elecciones presidenciales en el horizonte y una Corte cada vez más conservadora, la decisión sobre Tennessee marca un punto de inflexión. La batalla por los derechos trans en Estados Unidos se ha trasladado completamente del ámbito social al jurídico.

Queda por ver si la percepción pública, que en generaciones más jóvenes tiende a ser más inclusiva, terminará por forzar un giro legal en futuras cortes o legislaturas. Pero hoy, el mensaje es contundente: los derechos de las personas trans ya no están garantizados, ni siquiera por la Constitución.