Fuego, identidad y justicia: cómo la política exterior se refleja en conflictos internos en EE.UU.

Un ataque y un juicio: la violencia encubierta de la polarización

El 1 de junio, la ciudad universitaria de Boulder, Colorado, fue escenario de un violento ataque: Soliman, un hombre de origen egipcio, lanzó cócteles molotov contra un grupo de manifestantes que expresaban su apoyo a los rehenes israelíes, dejando a ocho personas heridas. El caso ha impactado al país no solo por su brutalidad, sino también por su carga ideológica en un contexto donde el conflicto Israel-Palestina sigue dividiendo opiniones dentro y fuera de EE.UU.

La acusación presentada por un jurado federal contra Soliman incluye 14 cargos, entre ellos 12 delitos de odio relacionados con intento de asesinato. Según los documentos judiciales, Soliman tenía la intención de matar a todos los presentes, aproximadamente 20 personas, y gritaba “Free Palestine” mientras arrojaba los explosivos.

¿Delito de odio o protesta política?

El abogado defensor de Soliman argumenta que su cliente actuó en oposición al sionismo y no por odio a una nacionalidad o religión. Sin embargo, la fiscalía sostiene que el ataque fue motivado por la percepción del apoyo a Israel como nación y por tanto sí se enmarca en la legislación federal como un delito de odio.

Este caso reabre un viejo debate: ¿dónde termina la protesta legítima y empieza el odio criminal? Según la ley federal estadounidense, para que un delito sea catalogado como hate crime tiene que estar motivado por prejuicios contra la raza, origen nacional, orientación sexual, religión o género. La motivación política, por sí sola, no basta.

El trasfondo migratorio y la maquinaria legal

Otro ángulo del caso es la situación migratoria de Soliman. Las autoridades confirman que vivía ilegalmente en EE.UU. junto con su familia. “Intentó obtener un arma de fuego, pero no pudo debido a su estatus migratorio”, afirma el expediente federal. Vestido como jardinero con un chaleco de construcción, Soliman se infiltró entre los manifestantes antes de lanzar los explosivos, lo que demuestra una planificación intencionada.

El hecho de que fuera un inmigrante en situación irregular no ha pasado desapercibido en el debate público. Algunos grupos conservadores han usado esta información para argumentar en contra de políticas de inmigración más flexibles, mientras que defensores de derechos civiles advierten sobre el riesgo de estigmatizar a comunidades inmigrantes enteras por acciones individuales.

El caso Danielle: libertad de expresión escolar en entredicho

Poco después del incidente en Boulder, otro episodio avivó la tensión social en EE.UU. Pero esta vez se trató no de violencia física, sino psicológica y simbólica. En Michigan, una estudiante de 14 años, Danielle Khalaf, se negó durante tres días seguidos a participar en el juramento a la bandera estadounidense como forma de protesta por el apoyo del país a Israel en la guerra en Gaza.

La represalia no se hizo esperar. Su maestra la humilló públicamente y le sugirió que se “regresara a su país” si no le gustaba Estados Unidos. Danielle, ciudadana estadounidense y de ascendencia palestina, sufrió ansiedad, pesadillas y aislamiento social. La familia, con el respaldo de la ACLU y la Liga Árabe Americana de Derechos Civiles, ahora está demandando al distrito escolar. Exigen una compensación económica y, sobre todo, un pronunciamiento legal sobre la validez de su protesta como ejercicio del derecho a la libertad de expresión conforme a la Primera Enmienda.

Fronteras borrosas entre lo educativo, lo político y lo legal

El juramento a la bandera ha sido objeto de controversia desde hace décadas en EE.UU. En 1943, la Corte Suprema ya había determinado en el caso West Virginia State Board of Education v. Barnette que los estudiantes no están obligados a participar en el acto si va en contra de sus creencias. Sin embargo, los casos no han desaparecido. Solo en 2019 hubo más de 120 demandas relacionadas con represalias escolares por negarse a recitar el juramento, según la ACLU.

“Fue traumático, me dolió, y sé que la maestra podría hacérselo a otras personas”, dijo Danielle en una conferencia de prensa. Aunque el distrito escolar afirma haber tomado medidas disciplinarias, ni ha revelado cuáles fueron ni ha emitido una disculpa pública hacia la estudiante.

La libertad de expresión cuando el fuego es ideológico

Ambos casos, el de Boulder y el de Michigan, muestran cómo el conflicto Israel-Palestina tiene efectos colaterales en suelo estadounidense. Lo que alguna vez fue un enfrentamiento distante en Medio Oriente se refleja hoy en aulas, plazas públicas y tribunales federales. De forma inquietante, lo hace a través de un fuego tanto literal como ideológico.

El contexto estadounidense no es neutral. Según una encuesta de Pew Research (octubre 2023), un 41% de los estadounidenses apoya incondicionalmente a Israel, mientras que un 20% respalda a los palestinos. El resto, cerca del 39%, considera que ninguno de los dos bandos representa valores compatibles con la paz o los derechos humanos.

La polarización es evidente incluso en redes sociales y medios tradicionales. Periodistas que expresan opiniones críticas del gobierno israelí sufren censura o despidos, mientras que comunidades palestinas enfrentan estigmatización y vigilancia aumentada. Por ejemplo, el número de investigaciones del FBI a ciudadanos árabes o musulmanes aumentó un 27% entre 2022 y 2023, según un reporte de Human Rights Watch.

Jóvenes como epicentro del debate

Lo más preocupante es que la juventud estadounidense está en el centro de este conflicto ideológico. Desde protestas universitarias que terminan en arrestos hasta demandas infantiles por ejercer el derecho a disentir, es evidente que hay una grieta generacional en la forma en que se percibe la política exterior y su relación con la identidad nacional.

Personas como Danielle están marcando una tendencia en la que la política internacional se convierte en una brújula moral personal. En palabras de su abogado, Mark Fancher: “Solo podemos maravillarnos del coraje con que siguió a su conciencia y corazón”.

¿Hacia una redefinición del delito de odio?

El caso de Soliman también ha abierto la conversación sobre qué debe considerarse delito de odio en un país cada vez más politizado. ¿Debe la ley incluir motivaciones ideológicas como el sionismo, o limitarlas a criterios tradicionales como religión y raza?

Esta pregunta no es trivial. Si decisiones judiciales futuras amplían la noción legal de “odio” para incluir posiciones políticas acerca de movimientos como el BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones), esto podría criminalizar determinadas formas de protesta y chocar directamente con derechos constitucionales.

Mientras tanto, el Departamento de Justicia continúa con el procesamiento de Soliman como “terrorista doméstico motivado por odio ideológico y nacionalista”. La comunidad jurídica observa con atención, ya que un fallo claro podría sentar precedentes que afecten a miles de activistas y manifestantes en el futuro.

Estados Unidos y su espejo roto

En última instancia, estos episodios demuestran algo inquietante: Estados Unidos no es un observador imparcial del conflicto Israel-Palestina. Lleva ese conflicto a cuestas, en sus ciudades, sus escuelas, sus leyes y hasta en su juventud. El fuego no está solo en Gaza o Tel Aviv. Está también en Boulder, Michigan, y posiblemente en cualquier barrio donde identidad, ideología y justicia se crucen.

Y como diría el escritor Dennis Lehane, autor de la serie Smoke: “El fuego pone en duda todo lo que sabes, todo lo que haces, toda la sabiduría que has acumulado en una vida. Es un espejo brutal.” Una metáfora perfecta para la realidad ideológica y social que atraviesa hoy a Estados Unidos.