¿Se puede hacer justicia cuando el sistema falla? Tres casos que exponen los vacíos legales en Estados Unidos
De ataques con cócteles molotov hasta millonarios juicios por corrupción: una mirada crítica al complicado sistema judicial estadounidense
Una sociedad en llamas: el caso Soliman en Colorado
El 1 de junio de 2024, Mohamed Sabry Soliman, un ciudadano egipcio que residía ilegalmente en Estados Unidos, lanzó cócteles molotov contra un grupo de manifestantes en Boulder, Colorado. El blanco: personas que se reunían semanalmente en apoyo a los rehenes israelíes retenidos por Hamas. El grito: "¡Free Palestine!". ¿Motivación política o crimen de odio? Esa es la pregunta que divide a abogados, fiscales y opinadores públicos por igual.
Soliman fue acusado de 12 cargos federales por crímenes de odio, entre ellos intento de asesinato y porte de explosivos. Según documentos judiciales, se acercó al grupo haciéndose pasar por jardinero, vestido con un chaleco de construcción, y atacó a los presentes con artefactos incendiarios. Afortunadamente, sólo lanzó dos de los más de veinte cócteles molotov que llevaba consigo.
¿Crimen de odio o motivación política?
La defensa de Soliman sostiene que su objetivo no era atacar a las personas por su nacionalidad o religión, sino expresar su oposición a la política sionista. David Kraut, abogado defensor, argumenta que actuar contra un grupo por razones políticas no califica como «crimen de odio» bajo la ley federal. Esta distinción no es menor. De hecho, de acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU., los crímenes de odio se definen como aquellos motivados por prejuicios contra la raza, religión, origen nacional, orientación sexual o discapacidad de una persona.
Pero las autoridades federales alegan que los manifestantes fueron atacados por su origen o nacionalidad real o percibida, lo que encuadra dentro de las leyes federales contra el odio. Es un caso que probablemente llegue a la Corte Suprema si se convierte en un ejemplo judicial importante sobre cómo definir y perseguir estos delitos en un país cada vez más polarizado.
Las grietas del sistema: Mardis Jones y el juicio por corrupción
Mientras en Colorado se ventilan crímenes con trasfondo político y étnico, en Mississippi un jurado absolvía a Mardis Jones, un operador de una organización sin fines de lucro acusado de uno de los mayores casos de malversación de fondos del estado. Cuatro años atrás, la Oficina del Auditor del Estado (OSA, por sus siglas en inglés) lo acusó de desviar 750.000 dólares destinados a rehabilitar viviendas rurales en condiciones críticas.
Según la fiscalía, menos del 20% de los casi 2 millones de dólares que recibió su fundación, Tunica County Housing Inc., llegó efectivamente a contratistas para rehabilitar casas. Sin embargo, su abogado, Carlos Tanner, sostuvo que muchas de las acusaciones estaban infladas o mal documentadas, que efectivamente se llevó a cabo trabajo en algunas viviendas y que el programa entero operaba bajo una desorganización crónica por parte del condado.
Finalmente, el jurado lo absolvió. ¿El problema ahora? El estado no sabe si podrá recuperar el millón de dólares que le exigió devolver junto con intereses e investigaciones. OSA entregó una carta de demanda en el momento del arresto, pero la actual fiscalía general afirma no tenerla en archivo.
Una burocracia incapaz de hacer justicia
El caso de Jones ejemplifica un problema sistémico: la incapacidad burocrática de los gobiernos estatales y federales para administrar e incluso cobrar efectivamente recursos públicos. Tal como lo afirmó el Auditor Estatal, Shad White, tras la detención:
“Otra vez más, una entidad gubernamental encomendó a una organización privada ejecutar un programa público, y una gran parte del presupuesto fue robado.”
A pesar de estas declaraciones contundentes, el resultado legal es inquietante: ninguna condena, ninguna restitución, y dudas sobre si alguna vez existirá una causa civil para recuperar el dinero desviado.
Homicidio carcelario con connotaciones racistas y homofóbicas
En Wisconsin, el sistema penitenciario fue escenario de otro caso alarmante. Jackson Vogel, un recluso blanco de 25 años, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad supervisada por asesinar a su compañero de celda Micah Laureano, de 19 años. El motivo del crimen: que Laureano era gay y afroamericano.
Vogel ya cumplía una condena de 20 años por una brutal agresión contra su madre en 2018. En agosto de 2023, el personal penitenciario encontró a Laureano colgado en su celda, con manos y pies atados. Vogel confesó el crimen sin remordimiento, alegando que sus motivos eran puramente racistas y homofóbicos.
Este caso puso un nuevo foco sobre la prisión de Green Bay Correctional Institution, inaugurada en 1898 y cuya clausura ha sido propuesta por el gobernador Tony Evers debido a las condiciones obsoletas de las instalaciones y los problemas de hacinamiento.
Una justicia desigual y una sociedad polarizada
Los tres casos mencionados —Soliman, Jones y Vogel— giran en torno a un tema común: las múltiples fallas del sistema judicial estadounidense para garantizar justicia en situaciones complejas.
- En el caso Soliman , existe una discusión legal legítima sobre los límites entre el activismo político y los crímenes de odio. El sistema intentará aplicar justicia en un contexto emocionalmente cargado por la guerra en Gaza e Israel.
- En el caso Jones , la justicia penal fracasó en probar la corrupción más allá de toda duda razonable, y ahora parece que la vía civil tampoco se impulsará.
- En el caso Vogel , un sistema penitenciario arcaico permitió que un recluso con antecedentes de violencia cumpliera parte de su sentencia junto a una víctima vulnerable.
Como sociedad, Estados Unidos enfrenta dilemas éticos y jurídicos urgentes: ¿cómo castigar los crímenes de odio sin vulnerar la libre expresión? ¿Cómo sostener programas sociales eficaces y responsables? ¿Y cómo garantizar la integridad de los tenues entornos carcelarios?
La respuesta requiere más que juicios mediáticos o reformas simbólicas. Demanda voluntad política, inversión en reformas estructurales y un compromiso constante con los ideales fundamentales de equidad y justicia. Porque, de seguir así, las víctimas de la violencia —directa o institucional— seguirán acumulándose en las estadísticas del fracaso judicial norteamericano.
