La Corte Suprema y la creciente batalla ideológica por el control de la educación y el acceso a contenidos en EE. UU.

Una Corte Suprema cada vez más decisiva

La Corte Suprema de Estados Unidos continúa inclinándose hacia una postura marcadamente conservadora en una serie de decisiones que están redefiniendo el acceso a contenidos en internet, la representación política y la estructura del sistema educativo superior. Las decisiones recientes en temas como verificación de edad para contenido pornográfico, redistritaciones electorales en Luisiana, y la creación de una nueva agencia de acreditación universitaria son solo piezas de un rompecabezas que revela una tendencia más amplia: el avance del conservadurismo institucional en múltiples frentes.

Verificación de edad para pornografía: ¿protección infantil o censura encubierta?

En una decisión de 6-3, la Corte Suprema respaldó una ley de Texas que requiere verificación de edad mediante identificación oficial para acceder a contenido pornográfico en línea. La medida es parte de un esfuerzo más amplio: casi la mitad de los estados norteamericanos han aprobado legislación similar, justificándose en la protección de los menores frente al acceso libre y descontrolado al porno.

El caso fue presentado por la Free Speech Coalition, un gremio de la industria del entretenimiento para adultos que argumentó que la ley pone trabas inconstitucionales a la libertad de expresión de los adultos. Además, expusieron las vulnerabilidades de seguridad que supone entregar información personal sensible, como la posibilidad de hackeos, filtraciones o rastreo indebido.

En respuesta, empresas como Pornhub han abandonado varios estados donde estas leyes ya han entrado en vigor, acusando a los gobiernos locales de crear barreras técnicas y de privacidad infranqueables.

Texas argumentó que la tecnología actual permite verificar la edad de forma más eficiente, incluso con reconocimiento facial o escaneo de documentos, y comparó la exigencia con la comprobación de edad en tiendas físicas que venden contenido para adultos, algo que ya fue validado por la misma Corte en la década de 1960.

La historia detrás del control de contenidos online y los menores

La decisión rememora conflictos pasados. En 1996, la Corte anuló secciones del Communications Decency Act que intentaban bloquear material para adultos en internet, y en 2004 invalidó otro intento federal similar, aunque dejó abierta la puerta al uso de filtros menos restrictivos.

Organizaciones como Free Speech Coalition advierten que estas políticas reflejan una tendencia hacia la moralización digital, donde «el bien común» puede ser usado como justificativo para políticas de vigilancia tecnológica.

Representación política en juego: el caso de Luisiana

Paralelamente, la Corte frustró las expectativas de resolver este año una disputa trascendental sobre redistribución electoral en Luisiana. En lugar de emitir una sentencia, optó por enviar el caso para más argumentos en otoño. Esto significa que la disputa sobre si el estado debe tener un segundo distrito electoral de mayoría afroamericana sigue sin resolverse.

El caso gira entorno a cómo se trazan los mapas electorales tras el Censo 2020. A pesar de que los afroamericanos constituyen un tercio de la población en Luisiana, el mapa aprobado por la legislatura, dominada por el Partido Republicano, conserva cinco distritos de mayoría blanca y uno solo con mayoría afroamericana.

Las cortes inferiores consideraron que el mapa discrimina a los votantes negros, pero la Corte Suprema permitió su uso en 2022 mientras analizaba un caso similar en Alabama. En ese caso, el tribunal dictaminó que una redistribución fuese adecuada para garantizar una representación racial justa, obligando a Alabama a crear un segundo distrito de mayoría negra.

La situación se mantiene tensa en Luisiana, especialmente luego de que un tribunal ratificara que los nuevos distritos creados por el estado seguían priorizando la raza en exceso. En medio de esto, se retrasará potencialmente cualquier nuevo cambio hasta las elecciones de 2026.

Acreditación universitaria: un nuevo frente en la guerra cultural

El último movimiento llamativo proviene de una coalición de seis sistemas universitarios de estados controlados por republicanos —incluidos Texas, Florida, Georgia, Tennessee, Carolina del Norte y Carolina del Sur— que planea crear su propio organismo de acreditación: la Commission for Public Higher Education.

El objetivo es ofrecer una alternativa a agencias como la SACSCOC, que estos estados acusan de promover ideologías «progresistas» bajo el disfraz de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

Vale remarcar que SACSCOC no exige programas DEI para acreditar universidades, como aclaró su equipo directivo. Sin embargo, los legisladores republicanos aseguran que el organismo permite una cultura universitaria demasiado complaciente con políticas que consideran «una agenda izquierdista».

Según Glenn Hegar, nuevo canciller del Sistema Texas A&M a partir del 1 de julio, el objetivo es “una acreditación menos burocrática, más objetiva y más transparente”. La posibilidad de que la nueva agencia se convierta en un acreditador oficialmente reconocido federal y estatalmente podría tardar hasta dos años.

¿Un nuevo estándar de control institucional?

Vistos en conjunto, estos tres episodios revelan una estrategia coherente del conservadurismo norteamericano para imponer un mayor control sobre los ejes culturales y sociales: sexualidad, representación política y educación.

Repasemos algunas cifras y hechos llamativos:

• 24 estados ya cuentan con legislaciones de verificación de edad para sitios pornográficos.
• En 2020, más del 32% de la población de Luisiana se identificó como afroamericana, pero tiene solo 1 de 6 distritos congresionales donde constituyen mayoría.
• Más del 80% de las universidades estadounidenses reciben fondos federales condicionados a una acreditación válida, lo que da relevancia crítica a cualquier agencia que busque ser reconocida.

Más allá del debate jurídico

Aunque los fallos judiciales y resoluciones administrativas son aparentemente técnicos, su efecto acumulativo es transformador. La verificación de adultos en sitios pornográficos podría crear un precedente para nuevos controles digitales. La redistribución electoral basada en la raza o rechazo explícito a consideraciones raciales puede redibujar el mapa representativo de EE. UU. durante décadas. Y una nueva agencia de acreditación abre camino a un sistema educativo paralelo con valores ideológicos particulares.

¿Es esto protección del menor, restauración institucional y combate a la ideologización? ¿O es, como muchos advierten, un retroceso en derechos civiles, privacidad y calidad académica?

El debate continuará con más casos en la Corte Suprema y con iniciativas legislativas similares en otros estados. Pero lo que es claro es que estamos viendo una reconfiguración profunda de los pilares que definen la vida pública estadounidense.