Transparencia en Crisis: Cómo las Leyes Antiinmigración en Florida Están Desapareciendo a Personas

El nuevo rostro del control migratorio en Florida

Desde la llegada del gobernador Ron DeSantis, el estado de Florida ha intensificado significativamente su colaboración con agencias federales de inmigración, en especial con el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). Aunque esta cooperación ha sido celebrada por algunos sectores como una medida para combatir la inmigración ilegal, activistas, familias y defensores de derechos humanos advierten que se está gestando un oscuro panorama.

Una de las principales preocupaciones es el modo en que estas políticas están afectando la visibilidad y transparencia sobre personas detenidas. A pesar de las históricas leyes de acceso a la información en Florida, detenidos bajo custodia de ICE podrían, literalmente, desaparecer del radar público.

Acuerdos con ICE: ¿qué se está ocultando?

Durante una reciente reunión de la comisión del condado de Miami-Dade, funcionarios locales afirmaron su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de las leyes estatales que aseguran el acceso a registros públicos. Sin embargo, un detalle preocupante surgió en el análisis de los nuevos términos propuestos en su acuerdo con ICE: toda la información generada bajo el convenio puede considerarse “registro federal”, lo que permitiría al gobierno federal decidir qué se puede divulgar y qué no.

“Eso podría representar un enorme problema”, advirtió William Mann, abogado del Community Justice Project. “Si se aplica esta clase de lenguaje de forma estricta, puede utilizarse para negar a familiares, amigos, periodistas y defensores el acceso a datos básicos, como si una persona está detenida o no”. De esta forma, un detenido puede perderse en el sistema carcelario de Miami-Dade por el simple hecho de estar bajo custodia federal.

Ron DeSantis y la línea dura

En 2022 entró en vigor una ley que prohíbe las llamadas “ciudades santuario” y obliga a los encargados de centros de detención del condado a firmar convenios con ICE. Además, una ley posterior exige proporcionar a dicha agencia federal una lista de todos los internos, junto con detalles de su estatus migratorio, si así se solicita.

DeSantis no ha ocultado su entusiasmo ante estas medidas, declarando: “Hoy, la legislatura de Florida ha aprobado la legislación más fuerte para combatir la inmigración ilegal que cualquier otro estado del país”.

Sin embargo, este enfoque ha generado múltiples roces con gobiernos locales. Algunos alcaldes y comisionados se mostraron reacios a firmar los acuerdos con ICE. Pero ante la presión ejercida por la fiscalía general del estado —que incluso amenazó con destituir a los funcionarios que se negaran—, muchos cedieron.

¿Transparencia solo en el papel?

Durante la reunión en Miami-Dade, la alcaldesa Daniella Levine Cava dejó claro que su firma en el acuerdo era una obligación legal: “Esta es la ley de Florida, y se requiere que este acuerdo sea firmado”. La comisión optó por no votar y permitir que ella lo aprobara unilateralmente.

Pese al compromiso verbal con la transparencia, otros casos contradicen esta intención. Por ejemplo, en el condado de Orange, los detenidos por ICE no aparecían en los registros del centro penitenciario hasta hace apenas unos días. Organizaciones como Hope Community Center señalan que esto no es negligencia, sino una estrategia deliberada.

Ericka Gómez-Tejeda, directora de organización de dicha entidad, dio el ejemplo de Esvin Juárez, quien fue arrestado y deportado a Guatemala sin que su familia ni su abogado supieran siquiera dónde estaba detenido. “Esto funciona en contra del debido proceso”, subraya.

El caos interestatal de las detenciones migratorias

Otro obstáculo que enfrentan los familiares es la transferencia de detenidos entre diferentes centros de detención en varios estados. Según Gómez-Tejeda, hay casos de personas que han sido enviadas a cuatro o cinco centros distintos: “Y cada vez que se trasladan, la familia debe buscar un nuevo abogado que pueda representarlos en esa jurisdicción. Es una carga inmensa”.

Un proyecto de ley esperanzador

En medio de esta crisis de transparencia surgió una luz de esperanza: el congresista Maxwell Frost presentó recientemente una propuesta que obligaría a todas las instalaciones del ICE a hacer pública la información sobre quiénes están detenidos, por qué motivo, en qué lugar y desde cuándo.

“Este proyecto no resolverá todo el problema, pero si Donald Trump y sus aliados creen que estas políticas son defendibles, entonces no deberían temer a hacerlas públicas”, declaró Frost.

El desafío constitucional

Esta situación también abre una discusión más amplia sobre los derechos constitucionales. Estados Unidos se ha jactado históricamente de su sistema de justicia transparente, con derecho al debido proceso y al acceso imparcial a los tribunales. No obstante, si parte de su población —especialmente inmigrantes— puede ser detenida sin registros visibles y sin notificaciones a sus familias o representantes legales, ¿no estamos hablando de una erosión profunda del Estado de derecho?

Según datos del TRAC de la Universidad de Syracuse, en 2023 se produjeron más de 180,000 detenciones migratorias en EE.UU., con una duración media de custodia superior a 38 días. La opacidad en estas cifras dificulta incluso saber cuántas personas hoy han sido ya deportadas sin proceso judicial apropiado.

Leyes estatales vs. derechos federales

Hay una contradicción de fondo: mientras la ley federal garantiza acceso a ciertos derechos, leyes estatales como las que implementa Florida buscan reinterpretar esas obligaciones. ¿Es constitucional que una ley estatal permita colaborar con una agencia federal para ocultar información que debería ser públicamente accesible?

La respuesta aún está lejos de resolverse, y dependerá de múltiples litigios que seguramente se abrirán en los próximos años. Pero muchos expertos advierten que si no se establece un límite constitucional ahora, la colaboración entre gobiernos estatales y ICE podría crear un sistema paralelo donde los derechos civiles básicos se diluyen para cierto grupo poblacional.

Una historia que se repite

Este fenómeno no es nuevo. Durante el gobierno de Donald Trump, varias jurisdicciones como Texas, Arizona y también Florida migraron hacia sistemas de deportación rápida con escasa supervisión judicial. Lo novedoso es el uso intensivo del secretismo legal para gestionar estos casos.

La historia parece repetirse y agravarse: discursos contra migrantes, represión en nombre de la ley, y una maquinaria gubernamental estatal subordinada a ICE.

La desaparición administrativa: un nuevo tipo de desaparición forzada

En América Latina, el concepto de “desaparición forzada” está asociado a dictaduras militares. Personas eran secuestradas sin dejar rastro legal. Hoy en Florida, sin llegar a esos extremos, surge una forma moderna de invisibilización: la desaparición administrativa.

No hay registro visible. No hay contacto. No hay información. Una persona arrestada puede desaparecer por semanas sin que su familia sepa siquiera dónde está. Y cuando finalmente logran ubicarlo, puede estar camino a la deportación o ya en otro continente.

¿Qué sigue?

Frente a esta situación, diversas organizaciones de derechos humanos están exigiendo reformas al modelo de cooperación con ICE, más transparencia en los registros penitenciarios, y el restablecimiento de protecciones legales básicas.

Algunos alcaldes locales están proponiendo crear comités ciudadanos independientes para monitorear el trato a inmigrantes en custodia, mientras que abogados de derechos civiles piden crear una base de datos nacional accesible para familias, que centralice la información sobre detenidos migratorios.

Lo que está claro es que la lucha por la transparencia en tiempos de políticas antiinmigratorias será uno de los grandes frentes en la defensa de los derechos civiles en EE.UU. durante la próxima década.

“La transparencia no debería depender del estatus migratorio de una persona. Si el sistema carcelario de Florida está usando leyes para silenciar verdades incómodas, entonces tenemos un problema que va más allá de la inmigración”, concluye Mann.