¿Cuánta independencia deben tener las agencias federales? El choque entre Trump, la Corte Suprema y el legado de 1935

Un enfrentamiento constitucional con raíces profundas

En junio de 2024, una disputa entre el expresidente Donald Trump y tres miembros demócratas de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC, por sus siglas en inglés) reavivó un debate clave sobre la arquitectura constitucional de los Estados Unidos: ¿debe el presidente tener el poder absoluto de destituir a funcionarios de agencias independientes?

El Departamento de Justicia, representando a la administración Trump, solicitó a la Corte Suprema que intervenga de manera inmediata para permitir que estas destituciones procedan. La controversia no es solamente sobre despidos, sino sobre el equilibrio entre el poder ejecutivo y las agencias reguladoras creadas precisamente para actuar de forma apolítica.

¿Qué es la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor?

La Consumer Product Safety Commission (CPSC) fue creada en 1972 como una entidad independiente encargada de proteger a los consumidores de productos inseguros. Su misión incluye emitir retiros de mercado, demandar a empresas que incumplen reglas de seguridad, y emitir normativas que afecten a sectores completos del comercio estadounidense.

La composición de sus cinco miembros está diseñada para evitar el control absoluto por parte de un solo partido político. Por ley, no más de tres comisionados pueden pertenecer al mismo partido que el presidente en funciones, y sus mandatos duran siete años de forma escalonada. Esta estructura fue ideada precisamente para garantizar su independencia y continuidad más allá de ciclos políticos.

El origen del conflicto: despidos y reinstalaciones

En mayo de 2024, Donald Trump intentó despedir a tres miembros demócratas de este organismo. Estos miembros habían sido nombrados, de acuerdo con los procesos legales, por Joe Biden durante su presidencia. La remoción provocó una reacción legal inmediata, y el juez federal Matthew Maddox, nominado por Biden, los reinstaló en junio del mismo año, alegando que los despidos eran ilegales dada la naturaleza del cargo.

Este caso llega entonces a la Corte Suprema, que debe balancear dos precedentes: su propia decisión de 2020 en el caso Seila Law v. CFPB, donde dictaminó que el presidente puede remover al director de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (una agencia unipersonal), y el histórico caso Humphrey’s Executor v. United States de 1935, que limitó esta autoridad presidencial en las llamadas "agencias independientes" colegiadas.

Humphrey’s Executor: el caso que resiste al paso del tiempo

En 1935, la Corte Suprema dictó en Humphrey’s Executor v. United States que el presidente Franklin D. Roosevelt no tenía autoridad para despedir a un comisionado de la Comisión Federal de Comercio sin causa justificada. La decisión fijó un precedente clave sobre la separación de poderes: las agencias independientes deben tener autonomía respecto al poder ejecutivo.

Desde entonces, este fallo ha sido la piedra angular de la existencia de cuerpos como la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), la Comisión Nacional de Relaciones Laborales (NLRB), la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y otras que funcionan al margen (aunque influenciadas) del ejecutivo.

Sin embargo, sectores conservadores han sostenido durante años que estas agencias representan un "Estado administrativo" inconstitucional, y que el presidente debería tener mayor capacidad de control sobre sus operaciones.

¿Ejecutivo total o equilibrio de poderes?

La administración Trump, en su alegato ante el máximo tribunal, argumentó que todas las agencias, aún las calificadas como "independientes", pertenecen formalmente al Poder Ejecutivo, y por tanto están sujetas al control del presidente. Esta tesis encuentra afinidad con el pensamiento originalista de buena parte de la mayoría conservadora actualmente en la Corte Suprema.

Trump, quien ha sido un crítico abierto de lo que llama el “Estado profundo”, considera que estructuras como la CPSC han funcionado como obstáculos burocráticos que responden más a ideologías políticas que a resultados efectivos.

El juez Maddox, en su fallo, diferenció entre las funciones puramente ejecutivas que podría tener un cuerpo como el FBI (al cual el presidente puede influir directamente), y el rol regulador técnico de comisiones como la CPSC. “Caracterizar las funciones de la Comisión como exclusivamente ejecutivas es desmentir la esencia misma de su diseño legislativo”, argumentó en su sentencia.

Lo que está en juego: independencia regulatoria vs. centralismo presidencial

Según expertos como Miriam Seifter, profesora de derecho administrativo en la Universidad de Wisconsin, el debate actual “marca una amenaza existencial a las agencias independientes tal como las hemos conocido por casi un siglo”.

“Si la Corte revierte Humphrey’s Executor en su totalidad, las estructuras colegiadas como la CPSC perderán su blindaje legal, y podrían convertirse en brazos extendidos de cualquier presidente”, añade Seifter.

Por su parte, los abogados de los comisionados despedidos señalaron que permitir estos despidos “establecería un precedente peligroso que politizaría la seguridad del consumidor”, afectando la percepción pública sobre si las decisiones de seguridad se toman en función de intereses de partido en lugar de datos técnicos.

La Corte Suprema en el foco

La Corte Suprema actual, con una mayoría de seis magistrados conservadores, ha mostrado predisposición a ampliar los poderes presidenciales en decisiones recientes como la del caso West Virginia v. EPA de 2022 —donde limitó la capacidad de la Agencia de Protección Ambiental para regular emisiones sin mandato claro del Congreso—.

Si sigue esta línea, algunos analistas prevén una posible derogación o reinterpretación radical de Humphrey’s Executor, lo cual tendría ramificaciones no solo en la seguridad del consumidor, sino también en áreas como medio ambiente, mercado financiero, comunicaciones y derechos laborales.

¿Y ahora qué? Escenario para una decisión histórica

La Corte podría tomar varios caminos. Uno, avalar los despidos sin invalidar del todo el precedente de 1935, señalando que la CPSC —dado su papel más ejecutivo que cuasi legislativo o cuasi judicial— no califica como una agencia plenamente independiente.

Otro escenario sería que la Corte ratifique la decisión del juez Maddox, reconociendo una diferencia sustancial entre organismos unipersonales y comisiones colegiadas con mandatos diseñados para transcender a los gobiernos de turno.

Y el camino más radical: que la Corte decida reconsiderar o incluso anular Humphrey’s Executor, dando paso a una reinterpretación estructural que cambie cómo funciona el aparato regulador federal.

Un debate que trasciende a Trump y Biden

Aunque el caso involucra figuras reconocibles como Trump y Biden, lo que realmente está en juego es el modelo de gobernanza de los Estados Unidos. El resultado podría definir el grado de protección que tienen los ciudadanos frente a abusos corporativos, sabotajes medioambientales, fraudes financieros o productos peligrosos.

La decisión también podría tener impacto en otros países que miran al sistema político estadounidense como un referente en materia de división de poderes y controles constitucionales.

Lo paradójico es que una decisión que afecte la autonomía de la CPSC —una agencia dedicada a proteger la salud y seguridad del consumidor— llegue en un momento donde la desinformación, la desconfianza institucional y la polarización política están en niveles históricos.

Época de cambios o regreso al pasado

La historia constitucional de Estados Unidos está en una encrucijada. Lo que ocasionalmente se percibe como una batalla entre dos presidentes es, en realidad, un enfrentamiento entre dos visiones de cómo debe funcionar el gobierno federal.

¿Serán las agencias independientes bastiones técnicos en un sistema de contrapoderes, o meras extensiones del poder ejecutivo? La respuesta, una vez más, podría venir de la Corte Suprema. Y si los rumores sobre la revisión de Humphrey’s Executor se convierten en realidad, los cambios podrían ser permanentes y trascendentales.