La controversial ley fiscal y de gasto de Trump: ¿quién gana y quién pierde?
Análisis de una legislación que redefine impuestos, gasto social, defensa y salud en EE.UU.
Una victoria republicana con sabor a revancha
Con una ajustada votación de 218 contra 214, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó finalmente el proyecto de ley fiscal y de gasto más ambicioso del segundo mandato de Donald Trump. Lo que comenzó como una promesa de campaña para revivir los recortes fiscales de su primera presidencia, terminó convirtiéndose en una ley de casi 900 páginas cargadas de implicaciones para todos los sectores: desde las familias trabajadoras hasta las grandes empresas, inmigrantes, beneficiarios de Medicaid y hasta los hospitales rurales.
Esta es, sin duda, una ley que marcará el rumbo económico y social del país durante la próxima década. Más allá de los titulares, ¿qué es lo que realmente contiene esta legislación? En este análisis, desglosamos punto por punto cuáles son las ganancias y pérdidas, y quiénes realmente saldrán beneficiados… o perjudicados.
Recortes de impuestos: permanencia con aroma a desigualdad
El corazón del proyecto gira en torno a la extensión permanente de los recortes fiscales aprobados durante el primer mandato de Trump. En concreto, hablamos de un total de $4.5 billones en recortes fiscales distribuidos en su mayoría entre familias de ingresos medios y altos, y corporaciones.
Algunos puntos destacados:
- Déjà vu fiscal: se hacen permanentes los tipos impositivos que originalmente debían expirar este diciembre.
- Nuevo deducción de $6,000 para adultos mayores que ganen menos de $75,000 anuales.
- Incremento del crédito tributario por hijos de $2,000 a $2,200, aunque los hogares de más bajos ingresos no recibirán el monto completo.
- Aumento del tope estatal y local (SALT) a $40,000 por cinco años.
- Permiso para que las empresas deduzcan inmediatamente el 100% del costo de equipo e investigación.
Todo esto equivale a un ahorro de $12,000 anuales para los hogares más ricos, mientras que los más pobres perderán, de promedio, $1,600 anuales debido a recortes en programas sociales, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).
La factura del recorte fiscal: recortes en Medicaid y asistencia alimentaria
Para compensar parcialmente el costo de estas reducciones tributarias, se aplicarán severos ajustes en Medicaid y el programa SNAP (cupones de alimentos):
- Requisitos de trabajo de 80 horas mensuales para adultos de hasta 65 años, incluso padres con hijos mayores de 14 años.
- Un copago obligatorio de $35 para pacientes de Medicaid.
- Estados deberán asumir parte del costo de SNAP a partir de 2028 si tienen tasas de errores de pagos superiores al 6%.
- Evaluaciones de elegibilidad obligatorias cada seis meses, amenaza administrativa que podría dejar fuera a millones solo por errores en papeleo.
La CBO proyecta que 11.8 millones de estadounidenses perderán su seguro de salud para 2034 y otros 3 millones perderían su acceso a SNAP.
Las voces críticas abundan. Amanda Hinton, madre soltera marcada por la fibromialgia, “Estoy en pánico. Sin Medicaid, no podría pagar los medicamentos que me permiten funcionar diariamente”, declaró a la prensa.
Seguridad nacional al estilo Trump: muros, deportaciones y defensa
El proyecto de ley marca un giro drástico en política migratoria y defensa nacional. Se destinarán $350,000 millones a iniciativas de seguridad, entre ellos:
- Construcción y mantenimiento del muro fronterizo con México.
- Contratación de 10,000 nuevos agentes del ICE con bonificaciones de $10,000.
- Instalación de 100,000 camas en centros de detención migratoria.
- 1 billón de dólares adicionales dedicados a seguridad fronteriza vía el Departamento de Defensa.
La meta explícita: deportar a 1 millón de inmigrantes por año.
Además, la ley contempla $25,000 millones para el desarrollo del sistema antimisiles Golden Dome, y miles de millones más para navíos, munición y programas de bienestar para el personal militar.
Eliminación de apoyos a energías limpias: ¿sentencia de muerte?
Otro frente de batalla es el medioambiental. El plan fiscal revierte gran parte de los subsidios a energías renovables impulsados por Biden en 2022:
- El crédito de hasta $7,500 por compra de autos eléctricos caduca el 30 de septiembre de este año.
- El crédito de producción de materiales críticos se amplía para incluir carbón metalúrgico.
- Una propuesta de impuesto adicional para energía solar o eólica con partes chinas fue retirada en la última enmienda.
El senador demócrata Ron Wyden lo calificó de forma clara: “Es una sentencia de muerte para la industria del viento y la solar en EE.UU.”
Creación de cuentas Trump y otras curiosidades
No todo son grandes bloques económicos. Esta ley incluye múltiples adiciones simbólicas y políticas que dan forma a una visión ideológica del país:
- Cuentas de ahorro infantil “Trump Accounts” con depósitos federales de $1,000.
- $40 millones para el Jardín Nacional de los Héroes Americanos.
- Nuevo impuesto del 1% sobre remesas internacionales.
- Eliminación del impuesto federal para silenciadores y armas de cañón corto.
- Expansión de la Ley de Compensación por Exposición Radiactiva.
- $50,000 millones para hospitales rurales frente a recortes por ajustes a Medicaid.
- $88 millones para respuesta pandémica y miles de millones al programa Artemis de exploración lunar y marciana.
Política fiscal: ¿magia matemática o fraude contable?
El impacto fiscal neto de esta legislación genera un intenso debate. Según la CBO, aumentará el déficit en $3.3 billones entre 2025 y 2034.
Sin embargo, los Republicanos en el Senado aseguran que, si se consideran los recortes fiscales como “política vigente” y no como un nuevo gasto, la ley en realidad reduciría el déficit federal en $500,000 millones.
La organización bipartidista Committee for a Responsible Federal Budget criticó este planteamiento como una treta financiera: “una contabilidad tan creativa que haría sonrojar a los ejecutivos de Enron”.
El impacto humano: testimonios de quienes podrían perderlo todo
Los requisitos laborales pueden parecer razonables en el papel, pero en la práctica implican desafíos significativos. Brittany Phillips, trabajadora remota con salario bajo, lo expresa de forma contundente:
“Medicaid debería estar disponible para todos, sin importar capacidad o quiénes sean. Es una herramienta de supervivencia, no un lujo”.
Julia Bennker, quien administra una guardería, sufrió una interrupción de cobertura médica por problemas administrativos. Nada garantiza que las nuevas reglas no empeoren estos errores burocráticos.
Un redireccionamiento ideológico de gran escala
Más allá de los números, esta legislación implica un profundo golpe a la filosofía del “estado de bienestar”. Tras décadas de expansión de redes de seguridad social, los republicanos están apostando por un nuevo paradigma: el de la responsabilidad individual forzada, la reducción drástica del rol del gobierno en salud, apoyo alimentario y vivienda, y el énfasis en políticas de castigo frente a la pobreza.
No son solo números: son decisiones sobre quién merece ayuda y bajo qué condiciones. En ese sentido, esta ley redefine el contrato social entre ciudadanos y Estado en Estados Unidos.