Subpoenas migratorias: el nuevo campo de batalla legal entre propietarios y autoridades en EE.UU.

Una nueva táctica en la cruzada migratoria

En los últimos meses, propietarios en varias ciudades estadounidenses —incluyendo Atlanta, Boston y Los Ángeles— han comenzado a recibir un tipo de requerimiento que ha generado preocupación entre profesionales del derecho, defensores de los derechos civiles y arrendadores: una citación administrativa enviada por agencias de inmigración, exigiendo información detallada sobre sus inquilinos.

Estos documentos, conocidos como “information enforcement subpoenas”, provienen del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), específicamente de la unidad de detección de fraude de la agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Lo preocupante es que estos requerimientos no vienen firmados por un juez, sino apenas por funcionarios de nivel administrativo. Aun así, contienen lenguaje que amenaza a los arrendadores con consecuencias legales si no cumplen.

La cuestión, más allá de su legitimidad, ha prendido las alarmas: ¿están estas citaciones siendo utilizadas para crear una red de vigilancia civil con participación involuntaria de propietarios? ¿Qué derechos tienen los inquilinos en medio de esta situación?

Qué buscan las autoridades migratorias

Las citaciones piden acceso a expedientes de arrendamiento completos, incluyendo información sensible como:

• Direcciones actuales y anteriores
• Solicitudes de alquiler con antecedentes laborales y estado civil
• Copias de identificaciones como licencias de conducir o pasaportes
• Información sobre otras personas que vivan en la misma unidad

En resumen, se requiere un perfil completo del inquilino, lo que representa una extracción documentada de aspectos personales, familiares y laborales.

Según Eric Teusink, abogado inmobiliario en Atlanta, varios de sus clientes han recibido citaciones de este tipo, lo cual describe como “una expedición de pesca” por parte de USCIS. “No están buscando algo en concreto; están rastreando ocupantes potencialmente indocumentados a través de terceros no vinculados directamente con procedimientos judiciales”, explicó el abogado.

¿Legal o intimidación? El vacío jurídico de las citaciones sin firma judicial

Abogados expertos en leyes de vivienda están advirtiendo sobre una peligrosa “sobrecomplicidad”. Stacy Seicshnaydre, profesora de derecho en la Universidad de Tulane, lo expone así:

“El peligro aquí es la sobrecomplicidad. El hecho de que un arrendador reciba una citación no implica automáticamente que sea legítima.”

Estos documentos, al no ser emitidos por un juez, no son técnicamente vinculantes de forma inmediata. Aunque puede parecer intimidante para los propietarios —la mayoría sin formación legal— el mensaje es más una solicitud que una orden judicial. No obstante, USCIS advierte que la no cooperación podría derivar en acciones legales futuras, dependiendo del caso.

Esto ha generado una reacción en cadena: miedo entre los inquilinos, confusión entre los propietarios y un frágil terreno legal que pone en duda si se están violando leyes como el Fair Housing Act, cuya base es prohibir la discriminación en la vivienda por motivos de raza, color o nacionalidad.

La paradoja de la confidencialidad y los derechos civiles

El uso de archivos habitacionales como herramienta de represión migratoria plantea problemas éticos y legales importantes. Un estudio publicado por el Immigration Defense Project en 2023 reveló que más del 70% de las veces que alguien colabora con estas citaciones administrativas, el inquilino nunca se enteró de que su información había sido entregada.

Esta práctica afecta directamente la expectativa razonable de privacidad que se espera en contratos de vivienda. Además, no hay consistencia en cómo los distintos estados reaccionan ante estas citaciones. Por ejemplo:

• En California, muchos arrendadores están orientados a ignorarlas a menos que estén ordenadas por la corte.
• En Georgia, algunos abogados están recomendando una revisión caso por caso.
• En Massachusetts, ya ha habido solicitudes ambiguas de parte de funcionarios de ICE, incluyendo mensajes de voz sin contexto legal.

Reacciones de los administradores de propiedades

Anthony Luna, CEO de Coastline Equity (que administra unas 1,000 propiedades en Los Ángeles), reveló que varios administradores de vivienda se han puesto en contacto con él en las últimas semanas debido a rumores sobre estas citaciones. “La mayoría no planea cumplir con ellas”, concluyó.

Luna también se pregunta retóricamente: “Si van detrás de criminales, ¿por qué no usan los expedientes judiciales? ¿Para qué necesitan los archivos de proveedores de vivienda?”

Historia y repunte bajo administraciones conservadoras

Las citaciones administrativas no son nuevas. El uso de esta herramienta precede incluso al mandato de Donald Trump, pero varios estudios legales revelan que aumentaron considerablemente durante el periodo 2017–2021. Durante este tiempo, el Departamento de Seguridad Nacional consolidó múltiples bases de datos para rastrear no solo a indocumentados, sino también a personas con visados vencidos o solicitudes migratorias pendientes.

Lo novedoso es su aplicación directa a los propietarios. Antes, el blanco habitual eran agencias policiales locales o estatales, y no ciudadanos civiles sin rol directo en investigaciones penales.

La postura del gobierno: una defensa ambigua

Tricia McLaughlin, vocera de Seguridad Nacional, se limitó a decir que “no se puede comentar sobre tácticas de investigaciones en curso”, justificando las citaciones como herramientas válidas según la ley federal.

No obstante, expertos como Lindsay Nash, profesora de Leyes en la Universidad Yeshiva, subraya que este tipo de citaciones deben pasar por una corte federal para ser obligatorias. “Muchos arrendadores creen que tienen que responder de inmediato, sin verificar su consistencia legal”, afirmó. Esto refuerza la necesidad urgente de campañas educativas como “Conozca sus derechos”, promovidas por distintas organizaciones pro-inmigrantes.

El riesgo de normalizar la vigilancia civil

La normalización del rol de ciudadanos (en este caso, arrendadores) como intermediarios de vigilancia plantea una evolución peligrosa en los métodos del control migratorio. Tal tendencia no solo amenaza el tejido de privacidad civil, sino que también puede intensificar el perfilamiento racial y crear un ambiente de sospecha y miedo en comunidades enteras.

Si se establece como norma solicitar datos de arrendamiento de forma extrajudicial, ¿qué sigue? ¿Acceso a expedientes médicos o escolares sin orden judicial? ¿Revisión de historiales de compras o datos de geolocalización?

Una intersección entre leyes migratorias y derechos de vivienda

Este fenómeno es un reflejo de cómo las líneas entre control migratorio y derechos civiles se están difuminando. En una democracia sana, cada poder —legislativo, judicial, ejecutivo— debe respetar su marco de actuación. La expansión de poderes administrativos sin supervisión judicial no solo erosiona esos límites, sino que establece precedentes alarmantes.

Como concluye Nash: “Estas citaciones se ven oficiales, suenan amenazantes y logran lo que buscan: que la gente actúe antes de evaluar su validez.”

¿Qué pueden hacer los arrendadores y los inquilinos?

• Consultar con abogados migratorios al recibir cualquier citación sin orden judicial.
• No entregar información sin validación legal por parte de jueces.
• Informarse sobre sus derechos a través de fuentes fiables.
• Establecer protocolos dentro de las empresas inmobiliarias para tratar este tipo de requerimientos.

El derecho a la vivienda está entrelazado con el respeto a la privacidad y a la no discriminación. Si los arrendadores se convierten en extensiones involuntarias del brazo estatal sin amparo legal claro, el derecho a vivir con dignidad se encuentra en riesgo no solo para los migrantes, sino para cualquiera que valore la protección de sus datos personales.