¿Quién protege al consumidor? El desmantelamiento silencioso del CFPB bajo Trump 2.0

Una oficina que sigue iluminada pero sin propósito

Ubicada en Washington D.C., justo enfrente de la Casa Blanca, la sede de la Oficina de Protección Financiera al Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) mantiene sus luces encendidas. Pero dentro, reina el silencio. Durante casi seis meses, sus empleados simplemente permanecen sentados, sin poder realizar tareas asignadas. Una orden de la Casa Blanca impide que desempeñen cualquier labor relacionada con su misión.

La CFPB, creada tras la crisis financiera de 2008, tenía como mandato proteger a los consumidores de abusos en productos financieros como tarjetas de crédito, hipotecas, préstamos para autos y más. Hoy, según testimonios de empleados actuales y anteriores, ha sido desmantelada de facto bajo el segundo mandato de Donald Trump.

De vigilancia proactiva a inactividad absoluta

En palabras de un empleado que solicitó el anonimato, la situación se ha vuelto “kafkiana”. La oficina ya no investiga, no regula ni impone sanciones. Su única tarea parece ser revertir decisiones pasadas. Como lo describió otro funcionario: “Es profundamente desmoralizante”.

La AP (fuente original de varios de los testimonios) conversó con más de diez personas, incluyendo exempleados, banqueros y legisladores, quienes coinciden en que comunicaciones dirigidas a la oficina terminan en un vacío. El equipo de prensa no responde, y dentro del CFPB reina una cultura de miedo: incluso hablar con un compañero puede considerarse una infracción.

¿Qué cambió tanto entre gobiernos?

Durante la primera presidencia de Trump, la directora nombrada, Kathy Kraninger, adoptó un enfoque de supervisión más “ligero”. Sin embargo, todavía hubo casos emblemáticos y multas multimillonarias impuestas a empresas abusivas.

En contraste, el director durante el gobierno de Biden, Rohit Chopra, dirigió acciones agresivas contra cargos por sobregiros, comisiones por retrasos en pagos con tarjeta y problemas con reportes crediticios. Incluso sancionó a gigantes tecnológicos como Apple, con una multa de $89 millones. Quería aplicar la misma regulación que afecta a bancos a apps como Venmo y PayPal.

Este enfoque fue calificado por el lobby bancario como “excesivo”. Por ejemplo, el intento de reducir las comisiones por sobregiro a $5 fue eliminado por el Congreso con respaldo de Trump, pese a que la propuesta buscaba ahorrar $5 mil millones anuales a los consumidores.

El desmantelamiento: planificado y ejecutado

Con la llegada de Trump 2.0, el CFPB fue uno de los blancos favoritos del “Departamento de Eficiencia Gubernamental”, liderado por Elon Musk. Musk incluso celebró en redes sociales el inicio del fin de la agencia: “RIP CFPB”.

El director interino actual, Russell Vought, recibió órdenes de la Casa Blanca para detener todo trabajo del CFPB. Se intentó despedir al 90% del personal –unos 1,500 empleados– pero una orden judicial bloqueó los despidos, al menos por ahora.

Sin embargo, la dinámica actual genera que las pocas labores que realiza el personal consistan en “deshacer” casos previos: revertir sanciones, eliminar multas y desmantelar investigaciones activas. Según exfuncionarios, empresas presionan directamente al CFPB y a la Casa Blanca para anular sanciones. Y con asombrosa velocidad, sus solicitudes son atendidas.

Casos revertidos: ¿quién protege ahora al consumidor?

Ejemplos concretos sobran:

• Navy Federal Credit Union fue acusado en 2024 de cobrar comisiones por sobregiro ilegales. Se había acordado devolver $80 millones. El acuerdo fue cancelado.
• Toyota Financial Services fue sancionado en 2023 por cargos abusivos en préstamos. Debía devolver $48 millones. La sanción fue anulada.
• Townstone Financial, acusado de discriminación racial en sus discursos públicos. El caso se había resuelto con un pago de $105,000. El nuevo CFPB intentó devolver el dinero. La Corte lo bloqueó.

Eric Halperin, exdirector de cumplimiento del CFPB, lo dijo sin titubeos: “Las empresas hacen fila para dejar de pagarle a los consumidores perjudicados”.

La ironía del recorte presupuestario

Mientras continúan los intentos por despedir a su fuerza laboral, el más reciente golpe fue presupuestario: la Casa Blanca aprobó una ley que reduce a la mitad el financiamiento del CFPB.

La senadora Elizabeth Warren, principal defensora de la creación de la agencia y crítica férrea del desmantelamiento, comentó: “La agencia sigue de pie. Su misión de proteger a los consumidores sigue siendo vital. Vamos a luchar con cada herramienta a nuestra disposición”.

Pero el daño ya está hecho. Un empleado lo resumió con sarcasmo amargo: “Un recorte del 50% de un presupuesto inactivo... sigue siendo nada”.

La soledad de un empleado público

Todas las semanas hay “mini funerales” en los pasillos del CFPB: empleados que deciden abandonar la institución, frustrados y sin esperanza. Nadie supervisa a los bancos. Nadie responde a las 10,000 quejas que solían recibirse diario; hoy se procesan apenas unas 2,200.

El viernes pasado hubo una acción que sobresalió: FirstCash Inc., una empresa de casas de empeño, acordó pagar $9 millones por sobrecargos a militares. Pero fue una rara excepción, más que una tendencia.

Contexto global: ¿más laxa es mejor?

Mientras tanto, en Reino Unido, la nueva jefa del Tesoro, Rachel Reeves, anunció la reducción de regulaciones financieras para reactivar la economía. Cita la necesidad de permitir “toma de riesgos informada” y eliminar barreras impuestas después de la crisis de 2008.

Paradójicamente, lo que provocó la crisis ahora se ve como solución posible. Reeves busca dinamismo; Trump desmantela lo que protege al consumidor. Ambos, por distintos caminos, coinciden en un menor control estatal sobre las finanzas.

¿El resultado? Ganancias récord para bancos como JPMorgan –que reportó $15 mil millones en utilidades trimestrales– y una ciudadanía cada vez más desprotegida.

¿Y ahora qué?

Lo esencial es recordar por qué nació la CFPB: para evitar que se repita otra crisis como la de 2008, donde millones perdieron sus hogares, empleos y ahorros. En 2025, mientras las luces del edificio en D.C. permanecen encendidas, la vigilancia está apagada.

Como escribió recientemente un juez federal, al bloquear la revocación de una sanción: "El CFPB quiere cometer un acto de hara-kiri legal que haría sonrojar a un samurái".

El consumidor estadounidense, sin saberlo, podría estar al borde de una nueva era de abusos financieros... sin nadie a quién acudir.