Estados Unidos endurece la política migratoria: detención sin fianza para quienes cruzan ilegalmente

La administración Trump intensifica el uso de una vieja ley de 1996, lo que podría llevar a una era de detención masiva sin revisión judicial

Una nueva era en inmigración: detención sin fianza como norma

Estados Unidos ha dado un giro radical en su política migratoria bajo la administración de Donald Trump. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), dirigido actualmente por Todd Lyons, ha implementado una polémica directiva que prohíbe las audiencias de fianza para cualquier persona que haya ingresado ilegalmente al país. Esta medida marca el inicio de una nueva etapa de endurecimiento en la política migratoria estadounidense.

La medida se basa en la reinterpretación agresiva de una ley promulgada en 1996, permitiendo que ICE mantenga detenidos indefinidamente a inmigrantes sin la necesidad de presentar su caso ante un juez de inmigración. A partir del 8 de julio, según un memorando interno de ICE filtrado a la prensa, los inmigrantes no podrán ser liberados salvo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo autorice como excepción.

Los fundamentos legales: la ley de 1996

El fundamento jurídico de esta medida es la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA por sus siglas en inglés), firmada por el presidente Bill Clinton en 1996. Si bien esta ley estableció líneas bastante duras respecto a la deportación y detención obligatoria, nunca antes había sido utilizada de forma tan amplia como ahora.

Según Matt Adams, director legal del Northwest Immigrant Rights Project, esta es la aplicación "más draconiana posible" del marco legal, permitiendo la detención incluso de personas que han vivido décadas en Estados Unidos sin antecedentes penales, con familias y raíces en el país.

El trasfondo político: las elecciones en el horizonte y el regreso de Trump

La directiva coincide con el regreso de Trump a la escena política como candidato presidencial, y se alinea directamente con su promesa de imponer orden en la frontera y reducir la inmigración ilegal a toda costa. Durante la administración de Joe Biden, ICE mantuvo una política de fianza y liberación supervisada para muchos inmigrantes mientras sus casos eran procesados.

Sin embargo, los republicanos han criticado duramente esta estrategia argumentando que permitió el ingreso descontrolado de millones de personas sin verificación adecuada. Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional, afirmó que “la administración Biden soltó peligrosamente a millones de personas no investigadas en el país.”

Millonaria inversión en el aparato migratorio

El presidente Trump dio luz verde a una ley que canaliza nada menos que 170 mil millones de dólares en los próximos cinco años para fortalecer el control migratorio y la frontera. De esta suma, casi $45 mil millones están destinados a ampliación de centros de detención.

Para tener referencia, en junio de 2024, ICE mantenía detenidas a 56,000 personas, un número que ya superaba su capacidad presupuestaria de 41,000. Ahora, con la nueva financiación, el objetivo será una población detenida promedio de 100,000 personas diarias.

Historias detrás de los números: familias rotas

Greg Chen, director de relaciones gubernamentales de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), señaló que abogados migratorios en todo el país han reportado un incremento alarmante en detenciones de personas que durante años habían comparecido libremente en sus procesos migratorios.

“Una persona que llevaba 25 años viviendo en EE.UU. fue detenida directamente en su comparecencia ante el tribunal,” declaró Chen. Casos como estos se multiplican con la nueva directiva, marcando un cambio traumático para miles de familias.

¿Criminales o trabajadores invisibles?

El discurso predominante del gobierno actual vincula inmigración irregular con criminalidad. No obstante, según un estudio del Cato Institute, los inmigrantes indocumentados cometen delitos a un ritmo significativamente más bajo que los ciudadanos nacidos en EE.UU. en muchos estados.

A pesar de esto, bajo la nueva ley conocida como Laken Riley Act, personas investigadas o arrestadas por delitos menores, como hurto o allanamiento, también serían retenidas automáticamente en detención, sin importar su historial ni arraigo social.

Olas de litigios por venir

Abogados de inmigración ya tienen en la mira esta política. Organizaciones como la Northwest Immigrant Rights Project ya han iniciado demandas judiciales contra esta interpretación de la ley, alegando violación de derechos fundamentales y ausencia de garantías procesales.

“Esta es una nación que se fundó en principios de justicia y revisión judicial. Pretender detener a miles de personas indiscriminadamente va en contra de esos principios,” afirmó Adams.

El propio Lyons reconoció en el memorando que esta directiva probablemente enfrentaría desafíos legales en cortes federales, e instruyó a los abogados de ICE a seguir reuniendo pruebas adicionales sobre peligrosidad o riesgo de fuga de los detenidos, en caso de que se requiera justificar legalmente su detención.

¿Quién queda exento?

Personas que hayan ingresado legalmente y hayan quedado fuera de estatus por vencimiento de visas no serán afectadas directamente por esta política, según aclaró Greg Chen de AILA. No obstante, cualquier persona que haya cruzado la frontera sin autorización sí estará sujeta a esta directiva, independientemente de cuánto tiempo haya vivido en el país o de su historial laboral o familiar.

Impacto social y económico

Diversos expertos advierten sobre las repercusiones sociales y económicas de esta política. Familias completas corren el riesgo de perder a un sostén principal. Además, se podrían saturar los tribunales migratorios y los centros de detención, exponiendo a los detenidos a condiciones inadecuadas.

“Estamos, de facto, creando una clase carcelaria basada en el estatus migratorio,” dijo el sociólogo Rubén García. “Este tipo de detención masiva solo agrava problemas de salud mental, separación familiar y violencia institucional.”

El precedente de 2018: cuando la separación familiar fue política federal

No hay que olvidar que esta no es la primera vez que la administración Trump aplica medidas extremas en inmigración. En 2018, su política de “tolerancia cero” separó a más de 5,000 niños de sus padres en la frontera, provocando un escándalo internacional y condenas de organismos como Naciones Unidas.

La historia parece repetirse hoy, aunque bajo un enfoque más técnico y jurídico, sin el drama mediático de años anteriores.

¿Hacia dónde vamos?

La pregunta que queda en el aire es si Estados Unidos está dispuesto a renunciar a sus ideales democráticos y de justicia en nombre de la seguridad y el control fronterizo. Mientras tanto, miles de personas seguirán atrapadas en centros de detención, esperando una revisión judicial que quizás nunca llegue.

Como apuntó Boris Worm, sociólogo de derechos humanos en la Universidad de Toronto: “El país de las oportunidades se está convirtiendo en el país de los barrotes para quienes buscan una vida mejor.”

Este artículo fue redactado con información de Associated Press