Crisis en el tejido social de EE.UU.: el peligro de desmantelar la red de apoyo federal a organizaciones sin fines de lucro

Un giro abrupto en la política de financiación pública

Cuando Dawn Price, directora ejecutiva de Friendship Shelter en Laguna Beach, California, intentó acceder en febrero a una cuenta con fondos de la agencia federal de vivienda para pagar el alquiler de casi 80 personas sin hogar, encontró las puertas cerradas. Este bloqueo temporal fue resultado directo de un congelamiento de fondos instaurado por la administración Trump. Y para cientos de organizaciones sin fines de lucro como la suya, fue solo el comienzo de una pesadilla que aún no termina.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump congeló, recortó o amenazó con eliminar una amplia gama de programas sociales esenciales—desde seguridad pública hasta educación infantil, asistencia alimentaria y servicios para refugiados—bajo la consigna de que “la generosidad individual es mejor que el despilfarro gubernamental”. Esta decisión, aunque ideológicamente coherente con su visión, ha desestabilizado décadas de colaboración entre el gobierno federal y el sector no lucrativo.

Un sistema en peligro

Según un análisis del Urban Institute publicado en febrero, en 2021 los gobiernos federales, estatales y locales otorgaron más de $267 mil millones a organizaciones sin fines de lucro. Esta cifra gigantesca muestra cuán relevante es el rol del Estado como socio financiero del tercer sector. Sin estas subvenciones, la mayoría de estas entidades opera con desequilibrios financieros insostenibles.

Como señala Taryn Palumbo, directora ejecutiva de Orange County Grantmakers: “Hay organizaciones cuyas partidas presupuestarias han sido reducidas en un 40% o incluso 50%”. Estas reducciones no solo significan pérdida de empleos o cierres de programas, sino también que miles de personas quedarían desprotegidas en contextos ya vulnerables.

Impactos a nivel nacional

• En el Bronx, el distrito congresional más pobre del país, más del 84% de las organizaciones sin fines de lucro dependen de subvenciones federales que ahora están en riesgo.
• En McDowell County, West Virginia —cuna del programa de cupones de alimentos— ya hay organizaciones que están reduciendo personal y usando sus reservas para mantenerse.
• En el próspero Condado de Orange, California, el alto costo de vida impide que incluso una comunidad acomodada pueda suplir con donaciones privadas las funciones del Estado.

En palabras de Lindsey Spindle, presidenta de la Samueli Foundation, “El nivel de necesidad es increíblemente profundo y amplio... Están luchando por sobrevivir.” Su fundación pasó de invertir $18.8 millones en 2022 a una proyección de $125 millones para 2025, tratando de contrarrestar el colapso del sistema público.

¿Donativos ciudadanos pueden reemplazar al Estado?

Desde la Casa Blanca, el portavoz Kush Desai sostuvo que la administración Trump busca reemplazar el sistema de subvenciones con “la generosidad innata del pueblo estadounidense”. Pero los expertos contradicen esta visión. Si bien las donaciones privadas son cruciales, su escala es incomparable con el respaldo estructural del Estado.

De hecho, Friendship Shelter, que ayuda a 330 personas, necesita $15 millones anuales para funcionar, de los cuales $11.5 millones provienen del gobierno. Según Price, las organizaciones como la suya deben operar con una pérdida que es cubierta (parcialmente) por Medicaid y donativos privados, lo cual es insostenible.

¿Cómo llegamos aquí?

Desde los años 60, en lugar de desarrollar un gran Estado de bienestar como en Europa, EE. UU. optó por financiar instituciones sin fines de lucro, universidades y hospitales para gestionar parte de sus servicios sociales. Esta relación se formalizó con los programas de urban renewal y la Great Society de Kennedy y Johnson, cimentando una sinergia público-privada única en el mundo.

“Era una manera de ayudar sin hacer crecer al gobierno,” explica Claire Dunning, profesora de políticas públicas en la Universidad de Maryland. Incluso los conservadores apoyaban esta vía, aunque motivados por mantener el control local y evitar la burocratización estatal.

Este delicado equilibrio se rompió en enero de 2025 con el congelamiento masivo de Trump. Por primera vez en décadas, las personas comenzaron a notar que sus servicios esenciales —desde atención médica a tutorías luego de clases— dependían del financiamiento federal.

Testimonios desde la línea de fuego

En un recorrido por una de las residencias que Friendship Shelter ofrece en San Clemente, James Carey, su director de vivienda, muestra con orgullo los apartamentos para personas sin techo. Si los fondos siguen disminuyendo, no podrá garantizarlos.

Dawn Price es tajante: “Ya tuvimos que perder un subsidio para reembolsos de alquiler. Solo lo recuperamos porque la Samueli Foundation accedió a cubrirlo durante tres años. Pero eso es la excepción, no la regla.”

Agrega: “Son personas con discapacidades severas, múltiples necesidades. Estas ayudas públicas son permanentes. Dejar de asignarlas sería un acto de abandono sistémico.”

¿A dónde lleva este camino?

Históricamente, Estados Unidos ha confiado en su sector voluntario y caridades para cubrir gran parte de sus necesidades sociales. Pero desmontar la colaboración estatal sin un plan claro de reemplazo solo amplifica las fracturas.

Según datos del Center for Automotive Research, así como los altos aranceles automovilísticos generan tensiones económicas, los recortes sociales crean un terremoto humanitario silenciado. ¿Puede el mismo país que presume de solidaridad ciudadana tolerar que miles de personas vuelvan a la calle por falta de fondos estatales?

La respuesta, al menos por ahora, parece negativa. Como dijo Price: “Apostaría a que todavía hay suficiente bien en el gobierno como para evitarlo”.

¿Qué viene después?

Organizaciones en todo el país continúan batallando en tribunales por el restablecimiento de subvenciones congeladas, mientras decenas de fundaciones privadas como Samueli intentan tapar agujeros financieros imposibles de cubrir sin el apoyo sistemático del Estado.

La duda no es si el tercer sector puede sobrevivir sin fondos públicos (la respuesta es no), sino más bien cuántas personas sufrirán durante ese intento de independencia forzada. La historia demuestra que los sistemas de apoyo nacen cuando fallan los mercados y las instituciones privadas. Romper esa red es más que una decisión presupuestaria: es una declaración política sobre a quién cuidamos y a quién dejamos atrás.