Entre conspiraciones, fuego y votos: el inquietante caso del atentado en Colorado

Una democracia bajo ataque: ¿quién es William Wayne Bryant?

Cuando en la madrugada del 12 de junio estalló una pequeña explosión dentro de las oficinas del registro electoral del condado de Archuleta, en Pagosa Springs, Colorado, las alarmas no solo fueron físicas, también simbólicas. La oficina albergaba el equipo de conteo de votos del proveedor Dominion Voting Systems, y el responsable del atentado —según la acusación formal— era un rostro conocido en la comunidad: William Wayne Bryant, un crítico acérrimo del gobierno local, ex candidato a sheriff y propagador de teorías conspirativas sobre las elecciones.

El artefacto incendiario fue descrito como similar a un cóctel Molotov, arrojado a través de una ventana cercana a la sala de votación electrónica. El incendio no solo destruyó equipo costoso sino que, para muchos, encendió una nueva alarma sobre los riesgos y tensiones que rodean los procesos electorales en Estados Unidos.

El trasfondo: elecciones, conspiraciones y desinformación

Este crimen no ocurrió en el vacío. Se inscribe en un clima enrarecido de desconfianza hacia el sistema electoral estadounidense, exacerbadamente promovido después de las elecciones presidenciales de 2020. Donald Trump y sus aliados impulsaron, sin evidencias creíbles, que las elecciones habían sido manipuladas y que Dominion Voting Systems era parte de una supuesta maquinaria de fraude.

Este discurso, a pesar de haber sido desacreditado por múltiples investigaciones, cortes y expertos técnicos, echó raíces en algunos sectores políticos y comunitarios, llevando a ataques hacia funcionarios electorales, amenazas en redes sociales y ahora, actos de violencia material como el de Pagosa Springs.

Del discurso a la acción: el historial de Bryant

Bryant no era un extraño en la escena pública local. Postuló a sheriff del condado en 2022, y desde entonces usó varias vías para denunciar lo que él creía era un sistema electoral corrupto. En reuniones públicas, pidió reemplazar las máquinas de votación por conteo manual, aludiendo al documental "2,000 Mules", desacreditado por expertos y medios como AP, que alegaba fraude masivo mediante buzones de voto.

Incluso tras su derrota electoral, Bryant afirmó en videos que “algoritmos de Dominion” eran responsables de su pérdida. Y fue más allá: denunció la subida del impuesto a la propiedad y catalogó la recaudación tributaria como “extorsión” en sus redes sociales. Su discurso se alineó con una tendencia mayor de radicalización anti-gubernamental y desinformación digital en comunidades rurales.

El incendio en Pagosa Springs: daños, sospechas y consecuencias

Las llamas consumieron una parte clave del edificio público. Se dañaron una máquina escaneadora de boletas, varios computadores de revisión electoral e incluso se reportaron daños en la oficina de tasación que se ubicaba arriba.

Kristy Archuleta, secretaria del condado y miembro del partido Republicano desde 2018, narró cómo fue despertada por un oficial para informarle del incendio. “Es aterrador pensar que alguien esté tan enojado como para quemar nuestro espacio de trabajo. Y si esto hubiera sido de día, aunque sea una sola persona podría haber salido herida”, afirmó en entrevista.

Hoy, su equipo trabaja en una sala de conferencias mientras esperan una oficina temporal. Pese a las dificultades logísticas tras el incidente, el proceso electoral local no se ha detenido: todavía deben certificar sus boletas para la elección pendiente en menos de dos meses.

Una oficina asediada por la retórica

Archuleta también ha señalado que un pequeño pero ruidoso segmento de votantes lleva años quejándose contra el uso de máquinas de conteo. “Llamaban para gritar, insultar, exigir. Nosotros solo les repetimos que todo lo hacemos según la ley”, dijo. El incidente ha reafirmado la vulnerabilidad de los funcionarios públicos que trabajan en procesos electorales.

Según datos de la Asociación Nacional de Secretarios de Estado (NASS), más de un tercio de sus miembros han reportado amenazas directas o acoso después de las elecciones de 2020.

El contexto nacional de violencia y conspiraciones electorales

El caso de Bryant no es aislado. Desde 2021 se han reportado más de 1,000 incidentes de amenazas a funcionarios electorales, según el Departamento de Justicia de EE. UU., aunque solo una pequeña fracción ha culminado en arrestos formales.

La narrativa impulsada por líderes políticos que cuestionan la legitimidad del voto electrónico ha tenido receptores entusiastas en sectores desconfiados del gobierno. Y en muchos casos, como el de Bryant, estos discursos terminan mutando en acciones radicales bajo justificaciones pseudopatrióticas.

Dominion Voting Systems, por su parte, enfrentó una tempestad mediática y judicial tras las elecciones de 2020. La compañía demandó exitosamente a la cadena Fox News, que acordó pagar 787.5 millones de dólares en abril de 2023 por difundir falsas afirmaciones sobre la empresa.

¿Es Pagosa Springs un microcosmos de una amenaza mayor?

La historia de este tranquilo pueblo en las montañas de Colorado se ha convertido en un símbolo de los ataques a la integridad electoral en la era digital, donde las percepciones pueden pesar más que los hechos. Es también un ejemplo de cómo las instituciones locales intentan sobrevivir entre narrativas masivas de desinformación, odio y presión social.

El juez del condado, Justin Fay, aún no ha emitido restricciones sobre lo que se puede decir públicamente del caso, pese a solicitudes de la defensa de Bryant. Pero la secretaria de estado de Colorado, Jena Griswold, sí se pronunció: “Este ataque es un ejemplo más de cómo las teorías conspirativas han desestabilizado nuestras elecciones”.

Griswold no es la única en levantar la voz. Instituciones como la Cámara de Comercio de EE. UU. han alertado sobre las consecuencias económicas y cívicas de dañar la confianza en el sistema electoral, mientras proliferan grupos que abogan por el conteo manual, eliminación del voto anticipado o uso obligatorio de papeletas físicas.

La delgada línea entre libertad de expresión y violencia política

Bryant aún no ha sido declarado culpable. De hecho, su abogado, David Karl Ottman, ha solicitado que se restrinjan los comentarios públicos sobre su cliente y ha recordado que “todo acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario”. Sin embargo, los elementos circunstanciales del caso —videos de vigilancia, historial público y publicaciones digitales— constituyen una base sólida para una próxima acusación formal.

Lo preocupante es la normalización del discurso violento bajo la bandera del patriotismo o la “defensa de los valores republicanos”. Hoy en día, más del 30% de votantes republicanos cree que las elecciones de 2020 fueron robadas, según encuestas de Pew Research Center.

¿Qué protege la integridad electoral en este clima?

La legislación estatal, la preparación técnica del personal electoral y el compromiso de muchos funcionarios públicos siguen siendo pilares fundamentales del proceso electoral constitucional en EE. UU. Pero casos como el de Pagosa Springs muestran cuán vulnerables son estos pilares cuando se enfrentan con combustible retórico, una cerilla ideológica y una audiencia dispuesta a prenderle fuego.

La pregunta que queda en el aire es si se puede restaurar la confianza antes de que los próximos incidentes pasen de la urna a la violencia. ¿Estamos realmente preparados para blindar nuestras instituciones contra una posible ola de extremismo electoral?