Entre balas, deuda y diversidad: EE.UU. frente al espejo de sus propias contradicciones

La diversidad en la mira del gobierno federal

En uno de los movimientos más polémicos recientes del gobierno de Donald Trump, la administración solicitó a la Corte Suprema autorización para recortar unos 783 millones de dólares en fondos federales destinados a la investigación científica promovida por el National Institutes of Health (NIH). El objetivo declarado: reducir los programas que promueven esfuerzos en diversidad, equidad e inclusión.

Esta decisión, bloqueada por el juez federal William Young, fue calificada como "discriminación racial y contra la comunidad LGBTQ+". El juez, designado por Ronald Reagan, aseguró que las cancelaciones violaron normativas establecidas desde hace décadas. La medida afectó de forma abrupta a un número desconocido de proyectos científicos, creando incertidumbre no solo en el ámbito académico, sino también en la salud pública.

Diversidad vs prioridades políticas

Este intento de redefinir las prioridades presupuestarias de NIH forma parte de una estrategia mayor para revertir políticas que algunos sectores conservadores consideran parte de una “agenda progresista extrema” en el aparato estatal. No obstante, organizaciones de salud pública y fiscales generales de al menos 16 estados se opusieron colectivamente, sosteniendo la importancia de asegurar representación diversa en el ámbito científico para abordar con eficacia problemas de salud en comunidades minoritarias.

En palabras del Solicitor General D. John Sauer, la vía legal adecuada para estas disputas no debería ser la corte de distrito, lo que subraya los esfuerzos del gobierno por mover los casos a jurisdicciones más favorables.

Derecho a portar armas y una ley tambaleante

En el plano estatal, otro asunto de gran controversia se desarrolló en California, donde el 9º Circuito de la Corte de Apelaciones falló en contra de la ley estatal que requería verificación de antecedentes para la compra de municiones. Esta ley, aprobada por votación popular en 2016 y puesta en marcha en 2019, fue considerada por la corte como una violación a la Segunda Enmienda.

La jueza Sandra Segal Ikuta escribió que la norma “limita de forma significativa el derecho a tener y portar armas, al exigir una revisión cada vez que se compra munición”. En sus palabras, la operatividad de un arma está intrínsecamente ligada al acceso a sus proyectiles.

El dilema californiano: seguridad vs libertad

El gobernador demócrata Gavin Newsom criticó el fallo diciendo que “es una bofetada al progreso logrado por California en reducir la violencia armada”. La preocupación del estado se centra en evitar que personas con antecedentes penales o condiciones mentales peligrosas accedan a municiones. En 2023, se rechazaron unas 58,087 solicitudes de compra durante la primera mitad del año, evidenciando que el sistema de verificación, pese a ser imperfecto, servía como filtro.

Chuck Michel, presidente de la California Rifle & Pistol Association, celebró el desenlace y consideró la ley como “absurdamente restrictiva”, anotando que “un arma de fuego no sirve sin su munición”.

La Corte Suprema y el nuevo estándar histórico

Muchos de los casos sobre armas en California han caído en un limbo jurídico desde que la Corte Suprema de EE.UU. definió un nuevo estándar en 2022, según el cual las leyes de armas deben respetar una tradición histórica de regulación armamentística. Esa definición más estricta complica la permanencia de leyes modernas que intentan adaptarse a nuevas realidades sociales.

California ha visto cómo se caída su ley contra cargadores con más de 10 balas, el veto a armas semiautomáticas “tipo militar” y ahora, esta ley de municiones. Las apelaciones siguen en curso, pero el precedente es claro: cada restricción moderna debe anclarse en una lógica legal previa a los tiempos modernos.

El mercado inmobiliario ahogado entre tasas e inflación

A todo esto se añade un sector que impacta a millones de estadounidenses: el inmobiliario. La tasa promedio de las hipotecas a 30 años bajó levemente esta semana al 6.74%, según datos de Freddie Mac. A pesar del alivio estadístico, la diferencia frente al pasado no es significativa. En la misma semana del año pasado, la tasa era del 6.78%. El problema real no es una décima arriba o abajo, sino que los precios de las viviendas siguen estando en máximos históricos.

Según Realtor.com, en 2024 se alcanzó uno de los niveles más bajos de ventas de viviendas usadas en casi 30 años. A pesar de que hay más casas en el mercado, las condiciones para acceder a una vivienda propia siguen siendo restrictivas.

El círculo vicioso del mercado

El fenómeno se agrava por el hecho de que muchos propietarios actuales aún poseen hipotecas obtenidas en los niveles bajísimos durante la pandemia (entre 2% y 3%), lo cual los desalienta a vender. Así, hay escasez de oferta en niveles medios, y una gran parte del mercado queda congelada.

Para el economista Jiayi Xu, “el alza de tarifas combinada con la creciente deuda fiscal mantendrá presionadas las tasas altas por buen tiempo”. Xu se refiere tanto a las dinámicas macroeconómicas como a medidas legislativas como la Big Beautiful Bill Act, que incentiva gastos sin respaldo inmediato.

¿Una Reserva Federal menos independiente?

Como si el panorama no fuera lo suficientemente complejo, el propio Trump ha presionado a la Reserva Federal para bajar las tasas. Sin embargo, los especialistas advierten que una Fed menos independiente podría provocar bajadas a corto plazo, pero elevaría los rendimientos del bono del Tesoro a 10 años, lo cual empuja al alza las hipotecas a largo plazo.

Así, familias estadounidenses se ven envueltas en una paradoja: pagar más por préstamos hipotecarios, incluso si el esfuerzo político apunta a exactamente lo contrario.

Un país dentro de una encrucijada sistémica

Lo que une todos estos puntos —desde las políticas de diversidad y ciencia, las leyes de armas en California hasta el acceso a la propiedad— es un profundo enfrentamiento cultural e ideológico en el seno de la política estadounidense.

El denominado “experimento americano” se encuentra ante decisiones que pondrán a prueba su capacidad para equilibrar derechos individuales, intereses estatales, desarrollo científico y condiciones económicas. Mientras tanto, millones de personas se convierten en espectadores (y víctimas) de decisiones tomadas en nombre de principios fundacionales que hoy encuentran interpretaciones más reñidas que nunca.