Al borde del abismo: Cómo los recortes presupuestarios amenazan los derechos de las personas con discapacidad en EE. UU.

El riesgo inminente de quedarse sin voz

En el corazón de Topeka, Kansas, Nancy Jensen, una defensora incansable de los derechos de las personas con discapacidad, revive un capítulo oscuro de su vida. Según declara, de no haber sido por el cierre de un centro de acogida abusivo en 2004, estaría atrapada aún en condiciones inhumanas. El artífice del cambio fue el Disability Rights Center de Kansas, una de las decenas de organizaciones que podrían verse paralizadas si se aprueban los planes presupuestarios propuestos por la administración Trump.

En un año cargado de simbolismo, marcado por el 50º aniversario del sistema estatal de protección para personas con discapacidades y el 35º de la histórica Americans with Disabilities Act (ADA), grupos de todo el país alertan: podría haber un retroceso sin precedentes en derechos civiles fundamentales.

¿Qué propone la administración de Trump?

Según documentos presupuestarios, la Casa Blanca busca eliminar por completo tres subvenciones federales clave que financian a los centros estatales de protección y defensa (conocidos como Protection & Advocacy, o P&A), además de recortar fuertemente una cuarta. El golpe financiero representaría una reducción de más del 60% del presupuesto anual de estas organizaciones, lo que podría resultar devastador.

Estas subvenciones suman alrededor de 180 millones de dólares por año, una fracción minúscula comparada con los 1.8 billones de dólares de gasto discrecional federal. “Es como raspar cobre de cada centavo del contribuyente”, señalan los activistas.

El momento más inadecuado

El posible recorte llega en un momento especialmente complicado. Las organizaciones esperan un aumento en la demanda de servicios por los recientes cambios en las normas de acceso a Medicaid, derivados de la ley presupuestaria republicana que ahora impone requisitos de trabajo para beneficiarios.

Para quienes viven con discapacidades, estos nuevos requisitos son una barrera adicional que obstaculiza el acceso a servicios médicos fundamentales y pone en juego su bienestar físico y mental.

Independencia en juego: ¿Quién vigila a los vigilantes?

Uno de los logros históricos del sistema P&A fue su independencia frente a los gobiernos estatales, blindada por leyes federales como la de 1975 y ratificada posteriormente. Esto permite que estas organizaciones puedan investigar, demandar y denunciar a los propios estados por abusos o negligencia sin interferencias políticas.

Pero con los cambios propuestos por Trump —que buscan que los estados administren los fondos— ese blindaje estaría en riesgo. Grupos que actúan como mecanismos de control enfrentarían la paradoja de depender para su financiamiento de los mismos gobiernos a los que fiscalizan.

“Necesitamos un sistema independiente que pueda rendir cuentas a los responsables de abusos”, enfatiza Rocky Nichols, director del Disability Rights Center of Kansas.

Historias que salvan vidas

Las consecuencias de recortes como estos se pueden medir en personas reales. Matthew Hull, residente de Kansas con parálisis cerebral, depende desde hace años del apoyo del Disability Rights Center para acceder a servicios pagados por Medicaid.

“Necesito mantenerme activo para conservar mi fuerza”, explica sobre su rutina con la enfermera asignada. Perder el acceso a estas ayudas podría significar el principio del deterioro de su salud.

Casos como el de Hull se multiplican. Disability Rights Texas, por ejemplo, recibe el 68% de sus fondos de fuentes federales, aunque también tiene apoyo de fundaciones privadas. En contraste, los centros en Kansas e Iowa dependen casi exclusivamente de los fondos federales.

Investigaciones que no podrían realizarse sin fondos

Las P&A no solo ayudan individualmente, también investigan casos colectivos de abuso y negligencia.

• 2009, Iowa: Disability Rights Iowa lideró una investigación en una planta procesadora de pavos donde hombres con discapacidades vivían en condiciones deplorables. Fueron explotados laboral y económicamente. Sin financiamiento federal, esa intervención habría sido imposible.
• 2004, Kansas: La investigación del hogar Kaufman, donde vivía Nancy Jensen, culminó en condenas de prisión para quienes regentaban un centro que era poco menos que una prisión para personas con enfermedades mentales.
• 2023, Iowa: Tras una demanda federal, el estado aceptó finalmente desarrollar un plan para ofrecer servicios comunitarios a niños con necesidades mentales severas.
• 15 años de litigio en Texas: Una batalla legal por el internamiento de miles de personas con discapacidades intelectuales en hogares de ancianos sin recursos adecuados. La investigación de campo y documentación fue liderada por Disability Rights Texas.

“No hay mejores ojos ni oídos que ellos”, afirma Steven Schwartz, fundador del Centro de Representación Pública de Massachusetts.

¿Flexibilidad o abandono?

La administración Trump defiende que estos cambios darían mayor flexibilidad a los estados y eliminarían “cargas burocráticas innecesarias”. En una carta, el director presupuestario Russell Vought justificó el recorte asegurando que muchos de estos servicios podrían ser asumidos por gobiernos locales.

Pero para los defensores de derechos, se trata de una excusa para desmantelar un sistema que ha sido el único recurso para los más vulnerables. No existen garantías de que los fondos no etiquetados para las P&A lleguen a los grupos indicados, y el precedente legal indica que, de hecho, no deben depender del Estado al que fiscalizan.

Un aniversario amargo

El 26 de julio debería ser una fecha de celebración. Ese día, en 1990, se promulgó la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), un pilar legislativo que prohíbe la discriminación por discapacidad y garantiza igualdad de acceso en empleo, transporte, educación y más.

Este año, sin embargo, el aniversario llega con la amenaza de que miles de personas queden desprotegidas, sin herramientas para defenderse ante abusos, rechazos escolares o empleadores que niegan ajustes razonables.

“Mucha gente con discapacidades quedará perdida”, advierte Jensen.

¿Qué sigue?

El jueves próximo, el Senado discutirá por primera vez las propuestas de recorte. Mientras tanto, defensores de todo el país presionan a legisladores para preservar el financiamiento vital.

El destino de millones de estadounidenses con discapacidades depende de voluntad política, pero también del compromiso social de no retroceder. Como recuerda la propia ADA:

“Nada sobre nosotros sin nosotros.”