Purga silenciosa: el despido masivo de jueces migratorios bajo la administración Trump
Mujeres, personas de origen hispano y voces independientes son las más afectadas por destituciones inexplicables en cortes migratorias de EE.UU.
La justicia migratoria en la mira
Desde el ascenso de Donald Trump a la presidencia por segunda vez, un fenómeno alarmante ha sacudido las cortes migratorias de Estados Unidos: más de 50 jueces de inmigración han sido despedidos. Esta purga, descrita por juristas y analistas como injustificada y potencialmente ilegal, apunta directamente a un intento de reafirmar una línea dura en contra de decisiones que no se alinean con las políticas migratorias impuestas por la administración Trump.
Muchas de las juezas y jueces afectados están alzando la voz, rompiendo la tradicional discreción del estrado judicial para denunciar lo que consideran una campaña sistemática de represalias políticas, discriminación de género y étnica y supresión de voces imparciales.
El caso de Jennifer Peyton: del sueño al despido por correo electrónico
Jennifer Peyton, exjueza supervisora de inmigración en Chicago, recibió su carta de despido mientras estaba de vacaciones con su familia el 4 de julio. La notificación, carente de detalles, contenía apenas tres frases. Peyton, quien asumió el cargo en 2016 y fue posteriormente promovida, nunca enfrentó acciones disciplinarias y sus evaluaciones eran sobresalientes.
“Cuidaba mi trabajo y era realmente buena en él,” dijo Peyton. “Ese mensaje, con tres frases, no explicaba por qué me despidieron.”
Una de las teorías de Peyton sobre su despido incluye su aparición en una lista de “burócratas enemigos”, elaborada por una organización de extrema derecha. Además, llevó a cabo una visita guiada al tribunal para el senador demócrata Dick Durbin, quien calificó su destitución como “un abuso de poder”.
Cambios en el sistema judicial de inmigración
Los despidos masivos no sólo afectan a individuos. El sistema en su conjunto está siendo sacudido: según el sindicato que representa a los jueces —la Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos—, se han perdido 106 jueces migratorios desde enero, entre despidos, jubilaciones anticipadas y renuncias.
Actualmente existen unos 600 jueces de inmigración, encargados de un sistema colapsado con un atraso de más de 3,5 millones de casos. Cada pérdida judicial agudiza el problema y dificulta aún más el acceso a un juicio justo y oportuno para millones de personas migrantes.
El despido de Carla Espinoza: ¿discriminación y represalias?
Carla Espinoza, una jueza que asumió funciones en 2023, fue cesada de manera repentina mientras emitía una decisión judicial. Ella también recibió una notificación sin explicación más allá del término de su período probatorio.
“Estoy comprometida con mi carrera. No somos nombramientos políticos,” declaró Espinoza. “Tengo derecho a una razón.”
Espinoza está segura de que su despido tiene un trasfondo discriminatorio. Afirma que jueces con apellidos de origen hispano como el suyo han sido desproporcionadamente despedidos. “Hay un patrón muy fuerte de factores discriminatorios,” añade.
El caso de Ramón Morales Reyes: una decisión incómoda para el poder
Una de las decisiones más notorias de Espinoza fue liberar a Ramón Morales Reyes, un inmigrante mexicano falsamente acusado de amenazar al expresidente Trump. La acusación, impulsada por la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, resultó ser una farsa: Morales Reyes fue víctima de una incriminación por parte de un agresor previo.
La presión mediática, las declaraciones públicas y la falta de retractaciones por parte de figuras del gobierno crearon un clima insostenible. “Es difícil hacer tu trabajo cuando hay tanto ruido,” dijo Espinoza. “Defiendo mi decisión como justa.”
El silencio del Departamento de Justicia y el cambio en la cultura institucional
La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR), a cargo de las cortes migratorias y bajo el ala del Departamento de Justicia, se niega a comentar sobre estos despidos. Sin embargo, voces como la de Peyton aseguran que la institución ha cambiado radicalmente desde que fue nombrada en 2016. “El Departamento de Justicia que conocí ya no existe,” afirma.
¿Un patrón de silenciamiento?
Matt Biggs, presidente del sindicato que representa a estos jueces, advierte que los colegas que se mantienen en el cargo “se sienten amenazados e inseguros sobre su futuro.” En este contexto, los despidos selectivos funcionan no solo como represalia, sino como un poderoso disuasivo.
¿Instrumentalización política de la justicia?
El uso del aparato judicial migratorio para consolidar políticas de línea dura representa, según analistas y exjueces, una peligrosa politización de la justicia. Eliminar a quienes no siguen dicha línea implica desplazar la independencia judicial en favor de control político.
La Merit Systems Protection Board, organismo independiente donde Peyton planea apelar, ha sido otro blanco de la administración Trump. Esta situación plantea serias dudas sobre la posibilidad de obtener justicia dentro del mismo sistema que ahora se señala como persecutor.
Bajo ataque: mujeres, minorías e independencia judicial
Numerosos casos de despidos apuntan a un patrón: personas con antecedentes étnicos diversos y mujeres figuran entre las más afectadas. Esto refleja una situación preocupante en el contexto de una administración que ha soslayado durante años la equidad y la representación en órganos judiciales.
Futuro incierto de las cortes migratorias
Las cortes migratorias ya enfrentaban un panorama complejo por el exceso de casos, falta de recursos y presión pública. La purga actual no solo empeora esa realidad, sino que pone en riesgo el principio fundamental de un juicio justo para miles de migrantes que buscan asilo o soluciones legales.
Una alerta para la democracia estadounidense
Este quieto pero monumental cambio dentro del sistema judicial migratorio es también una amenaza para la democracia en general. La independencia judicial es uno de los pilares de la república, y su socavamiento afecta la confianza institucional, internacional y ciudadana.
El testimonio de las juezas despedidas es, además de una denuncia, un llamado a la transparencia y a la rendición de cuentas. Voces como las de Jennifer Peyton y Carla Espinoza exigen respuestas que, hasta ahora, no han llegado.
¿Reformar o restaurar?
Mientras algunos sectores políticos proponen reformas que limiten el despido arbitrario de jueces o aumenten la supervisión sobre el EOIR, otros cuestionan si se necesita una restauración más amplia del sistema migratorio en su conjunto. El equilibrio entre control migratorio y respeto a los derechos humanos está más tenso que nunca.
Lo cierto es que la crisis de las cortes migratorias estadounidenses nos muestra un espejo incómodo: cuando la política entra por la puerta del estrado, la justicia parece escapar por la ventana.